Según Juan Rojas Vargas, expresidente de la Federación Regional de Campesinos de Puno, las instituciones responsables del sector agrario no han emitido un informe oficial sobre las pérdidas de los cultivos devastados ni presentado un plan de contingencia. Las comunidades que dependen de la agricultura familiar siguen esperando soluciones.
La ausencia de fiscalización y legislación efectiva en el Consejo Regional también agrava la crisis. Para Rojas Vargas, la falta de formación política de los consejeros limita su capacidad para responder ante emergencias, dejando a los campesinos sin respaldo institucional en momentos críticos.
A pesar de contar con recursos, el gobierno regional no ha destinado fondos para atender la emergencia. La inversión visible se ha limitado a maquinaria pesada, mientras que las necesidades inmediatas, como la fumigación de cultivos dañados, han quedado desatendidas. Solo algunas municipalidades, como la de Arapa, han accionado con rapidez, entregando insumos a los afectados.
El Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) también enfrenta cuestionamientos por su enfoque centralista. Rojas Vargas señala que mientras se apoya a grandes agroexportadoras, la agricultura familiar recibe bonos simbólicos que no cubren las pérdidas reales. Este contraste, asegura, refleja un país dividido en dos realidades opuestas.
La situación de los campesinos puneños expone las fallas estructurales en la atención al sector agrario. Sin un plan de contingencia ni un sistema eficiente de respuesta, las comunidades quedan a merced del clima y la inacción gubernamental. Para muchos, el centralismo limeño sigue siendo una barrera para el desarrollo rural.
En este contexto, el exdirigente campesino muestra su escepticismo sobre posibles mejoras con las elecciones del 2026. Según él, la crisis política y social del país se profundiza, dejando a los agricultores en una posición cada vez más vulnerable.
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