Un trágico accidente de tránsito enlutó a dos familias cusqueñas en julio de este año. Un conductor en estado de ebriedad volcó su camioneta en la vía Andahuaylillas–Cusco, causando la muerte inmediata de una ingeniera y, días después, la de un niño de siete años. Tras casi medio año de espera, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Quispicanchi ordenó la captura de Jorge Mayta, acusado de homicidio culposo agravado, conforme al Artículo 111 del Código Penal.
El accidente ocurrió el 9 de julio cuando el vehículo, de placa F4G-133, sufrió un despiste fatal. El impacto provocó la muerte instantánea de Gilda Sánchez, mientras que el menor Sebastián Q.Y., tras siete días de agonía por las graves lesiones sufridas, falleció. La tragedia dejó en shock a la comunidad cusqueña, mientras los familiares de las víctimas clamaban por justicia ante la aparente falta de celeridad en el proceso.
La demora en las acciones legales generó indignación entre los deudos. Durante el funeral del menor en San Jerónimo, su padre, Beto Quispe, criticó al fiscal a cargo por haber permitido inicialmente la libertad del acusado. Quispe exigió que se reevalúe la medida, denunciando que Mayta, exfuncionario del municipio de Huancarani, habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente y cuestionó si su condición de servidor público le permitió evadir la justicia.
Celma Yapura, madre del menor y también víctima del siniestro, quedó gravemente herida y manifestó su consternación por la falta de justicia. Yapura pidió una investigación exhaustiva, sugiriendo que Mayta podría haber utilizado influencias políticas para evitar ser detenido. Con la reciente orden de prisión preventiva, los familiares esperan que este sea un paso hacia la reparación y la sanción correspondiente para el responsable de esta tragedia.
