El padre David Vargas, párroco del templo La Merced de la ciudad de Juliaca, habla sobre libertad religiosa en un contexto donde las creencias personales no pueden interferir con las leyes de un estado laico.
«La religión no puede ir por encima del estado de derecho«, señala el párroco, destacando que el bien común debe prevalecer sobre intereses particulares o convicciones individuales.
Vargas argumenta que incluso la Iglesia Católica debe respetar las leyes en un estado laico, rechazando cualquier intento de imponer creencias religiosas por encima de las normas sociales establecidas.
El sacerdote advierte contra el fanatismo, señalando que las manifestaciones religiosas no pueden interferir con los derechos colectivos ni la estructura jurídica de la sociedad.
Filosóficamente, ejemplifica el concepto de bien común comparando un bien personal (como tener una camioneta) y el bien común es como tener un «Micro» que es como interés colectivo que deben prevalecer por el derecho particular en cualquier decisión social.
Concluye que a estas alturas de la vida, no es admisible pretender que las creencias religiosas se antepongan al bienestar y los derechos de la comunidad en su conjunto.
El caso que motiva sus declaraciones involucra a un padre adventista que demanda a la Universidad Nacional del Altiplano por programar un examen de admisión en su día de culto, buscando una reprogramación basada en su libertad religiosa.
