Una resolución judicial histórica en Puno ha revertido un fallo controvertido desfavorable para el colegio politécnico Huáscar en Puno, defendiendo el patrimonio público. La decisión anula una sentencia previa que amenazaba bienes destinados a la comunidad educativa, marcando un precedente fundamental en la protección de los intereses ciudadanos. Este dictamen es resultado de una demanda presentada por la Municipalidad Provincial de Puno.
El Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, acogió la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta interpuesta por la Municipalidad Provincial de Puno. La acción legal se dirigió contra Enrique Calmet Choque, Ivette Paola Rodríguez Cárdenas y Guido Armando Chevarría Tisnado, implicados en el proceso original. Este fallo busca restaurar la legalidad en un caso de gran relevancia pública.
Guillermo Pizarro, procurador municipal, confirmó que, tras la notificación oficial a la Municipalidad Provincial de Puno, se tomarán las acciones pertinentes. La recuperación de esta vía pública, disputada por años, beneficiará directamente a la población. La Municipalidad trabajará con la Dirección Regional de Educación para coordinar la situación del espacio restante en disputa.
La sentencia anulada, identificada con el número 486-2017, generó amplia controversia debido a presuntas irregularidades en su emisión. La Municipalidad Provincial de Puno demostró que el fallo inicial afectaba gravemente el espacio público destinado al Colegio Politécnico Huáscar. La medida judicial responde a una persistente lucha por la transparencia y el uso adecuado de los recursos municipales.
Este hito legal no solo beneficia al Colegio Politécnico Huáscar, sino que también sienta las bases para futuras acciones contra irregularidades. El caso demuestra la importancia de la vigilancia ciudadana en la gestión de los bienes públicos
El impacto de esta anulación es significativo para Puno, dado que el Colegio Politécnico Huáscar es una entidad educativa de gran importancia para la región. La comunidad estudiantil y los ciudadanos en general celebran este avance en la protección de sus derechos e infraestructura. Este proceso judicial subraya la necesidad de procedimientos claros y justos en disputas de terrenos.
Se espera que en los próximos días la Municipalidad Provincial de Puno emita un comunicado para detallar las próximas acciones legales. La transparencia en este proceso es crucial para mantener la confianza pública y asegurar la correcta ejecución del fallo. Las autoridades reiteran su compromiso con la recuperación de todos los espacios públicos en disputa.
La resolución del Primer Juzgado Civil de Puno es un triunfo para la legalidad y la comunidad. Representa un paso firme hacia la recuperación de la infraestructura pública y la garantía de que los bienes comunes sirvan al propósito para el que fueron designados.
