La Defensoría del Pueblo ha identificado cobros irregulares y deficiencias en instituciones educativas previo al inicio del año escolar, según reveló Rocío Apaza Llanos, encargada de la entidad. Padres de familia han denunciado condicionamientos de matrículas y pagos indebidos, estas acciones han motivado a realizar una fiscalización inopinada en más de 20 instituciones, posterior al inicio de labores educativas, programado para el 17 de marzo.
La Defensoría realizará estas supervisiones sin previo aviso para verificar la presencia completa de docentes, la distribución de los materiales educativos y el funcionamiento de servicios básicos e higiénicos. Apaza destacó que, en casos de incumplimiento, se emitirán recomendaciones a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) para garantizar los derechos de los estudiantes.
Ante situaciones como cobros de APAFA excesivos o cobros irregulares para la contratación de docentes, los padres pueden acudir al local de la Defensoría o contactar su línea de emergencia, donde abogados especializados atenderán sus casos. Además, se les orientará para presentar reclamos por escrito ante las instancias correspondientes, fomentando el ejercicio de sus derechos.
Finalmente, Apaza Llanos señaló que la fiscalización se extenderá por varios días, a diferencia de años anteriores, y los equipos especializados se presentarán de manera sorpresiva en cada institución para asegurar que estudiantes vuelvan a las aulas de forma segura.
