El jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona Huamán, mostró su preocupación, porque las autoridades locales no muestran voluntad política para enfrentar y disminuir la violencia contra la mujer.
En una supervisión que se realizó a ocho municipalidades, solo en cuatro se instaló e implementó las instancias de concertación provincial para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y hasta el 31 de marzo del presente año, ninguna aprobó su plan anual de trabajo, debido a falta de asistencia técnica y desconocimiento de los funcionarios públicos.
Por esa razón, la defensoría hizo un llamado que las municipalidades provinciales que tienen un plazo de diez días a partir de la fecha, para que instalen la instancia provincial e inicien la programación de sus actividades para el año 2023.
Si en el plazo establecido no regularizan esta situación, se pasará al Ministerio Público por omisión de funciones y además al Consejo Municipal para que evalúen la suspensión del alcalde, indicó.
