La Defensoría del Pueblo ha realizado una exhaustiva verificación del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2024 de los gobiernos locales en la región Puno, enfocándose en la asignación presupuestaria para las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED). El estudio reveló que 42 de las 97 municipalidades distritales no asignaron fondos ni crearon actividades operativas para estas oficinas.
La situación en las municipalidades provinciales también mostró deficiencias. Cuatro de ellas asignaron un presupuesto menor al requerido por ley a sus OMAPED. Sin embargo, tras la intervención de la Defensoría entre enero y agosto de 2024, la mayoría de las municipalidades provinciales aumentaron su presupuesto para cumplir con la asignación requerida, con la excepción de Sandia, que redujo su presupuesto en S/. 9,144.
Las municipalidades provinciales de Azángaro, Lampa, San Román y Sandia asignaron menos del 0.5% de su presupuesto a sus OMAPED. Además, Puno, Azángaro, Chucuito Juli y Huancané mostraron un avance en el gasto presupuestal inferior al 20.5% hasta agosto. El Collao, a pesar de haber asignado el presupuesto conforme a la ley, solo ejecutó el 4% del gasto hasta agosto.
Como respuesta a estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones a los gobiernos locales que no habían asignado presupuesto a sus OMAPED. Se les instó a garantizar la asignación del 0.5% para el funcionamiento de estas oficinas y a establecer medidas que impulsen el cumplimiento de sus funciones. Como resultado, 39 municipalidades distritales crearon la actividad operativa «5005387» para mejorar la atención a las personas con discapacidad.
Es destacable que más de 7 municipalidades distritales cumplieron e incluso superaron la asignación del 0.5% a sus OMAPED según su PIA 2024. Entre ellas se encuentran Vilque, S.A. Salinas, Zepita, Inchupalla, Nicasio, Palca, Tilali, Cuturapi, Ollaraya y Tinicachi. Sin embargo, 17 municipalidades distritales, a pesar de haber asignado presupuesto, no habían gastado nada hasta agosto, y 3 municipalidades habían gastado menos del 3%.
La importancia de estas medidas se hace evidente al considerar que, según el INEI (2017), el 13.12% de la población de Puno tiene alguna discapacidad, superando el promedio nacional del 10.4%. Esto representa a 153,869 personas, de las cuales el 56% son mujeres y el 56.8% se encuentra en áreas rurales, subrayando la necesidad de una atención adecuada y equitativa para este sector de la población.
