El 98% de directores de la provincia de San Román ignoró el taller sobre violencia escolar organizado por la Fiscalía de Familia y la Defensoría del Pueblo. Nivardo Enríquez Barriales coordinador de Módulo Defensorial de Juliaca, advirtió que el portal SISEVE oculta la realidad al registrar apenas 210 casos en 2024 cuando la cifra real podría triplicarse. «Hay desinformación desinterés y falta de empatía» declaró durante la sesión donde solo 2 de cada 100 directores permanecieron hasta el final.
En 2024 Puno lideró 210 agresiones escolares según el SISEVE pero la UGEL San Román concentró el 34.29% con 72 casos. Le siguieron Puno con 61 (29.05%) y Yunguyo con 22 (10.48%). Sin embargo, en 2025 esta misma UGEL reportó 28 casos en solo tres meses: 12 en colegios públicos y 16 en privados. La violencia psicológica física y sexual sumó 10 14 y 4 casos respectivamente revelando un patrón de impunidad y omisión.
«Los registros no reflejan la realidad» insistió Enríquez al señalar que dos directores ya enfrentan denuncias por agresión física a estudiantes. La falta de denuncias en el SISEVE expone a los menores a riesgos mayores mientras las autoridades educativas incumplen su rol. «Podrían ir a prisión por omisión» alertó el defensor al recordar que la ley sanciona con hasta 6 años de cárcel a quienes no actúen.
La UGEL San Román el epicentro de la crisis no logró convocar a sus directores al curso taller. «Es inadmisible que el 98% falte cuando hay niños en vulnerabilidad» criticó un fiscal presente. Los ponentes explicaron que denunciar es obligatorio, pero muchos abandonaron el evento antes de 30 minutos ignorando protocolos y consecuencias legales.
En 2025 la violencia escolar en San Román creció con 28 casos en tres meses un aumento preocupante si se compara con los 72 del año anterior. «Si no se actúa los números seguirán subiendo» advirtió Enríquez.
El desinterés institucional queda en evidencia: 13 UGELs reportaron cifras ínfimas como Huancané o El Collao con solo 4 casos cada una. «Los directores prefieren callar antes que asumir responsabilidades» denunció un asistente. La Defensoría exige acciones, pero la UGEL San Román no responde con planes concretos para frenar la omisión.
16 casos en colegios privados en 2025 duplican los de públicos (12) un dato que rompe el mito de que la violencia es exclusiva de escuelas estatales. «La indiferencia es transversal» señaló Enríquez quien exigió sanciones ejemplares para quienes ocultan denuncias. «Un caso no registrado es un niño desprotegido» recalcó.
La historia se repite: en 2024 Sandia y Lampa registraron 9 y 8 casos, pero sin seguimiento. «Si no hay datos no hay políticas» advirtió un especialista. La Defensoría anunciará medidas legales contra la UGEL si no garantiza capacitación obligatoria. Mientras tanto 210 familias en Puno siguen sin justicia y los agresores en libertad.
