El coordinador del módulo de la Defensoría del Pueblo en la provincia de San Román, Nivardo Enríquez, demandó a los directivos de centros educativos y directores de UGELs, iniciar las medidas correctivas que correspondan, en el marco de la problemática de seguridad vial y protección de derechos de los niños tras el inicio del año escolar, luego de la muerte de un menor a raíz de un accidente de tránsito.
Señaló que antes del inicio de clases, se supervisó a instituciones públicas para garantizar el acceso al agua, encontrando que casi el 100 % de las instituciones educativas de la UGEL San Ramón cumplían con este servicio básico, pero hay otros aspectos en los que no se han tomado acciones, como seguridad vial.
Indicó que inspeccionaron las inmediaciones de los colegios para verificar la señalización adecuada, detectando que casi el 100 % no contaba con la debida señalización al ingreso de las instituciones educativas.
A través de Pachamama radio, sostuvo la importancia y necesidad de intensificar el patrullaje y control policial de tránsito, especialmente en distritos donde incluso menores conducen vehículos sin autorización. Asimismo, instó a supervisar el transporte escolar para garantizar el respeto al medio pasaje estudiantil.
