La Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones ante las convocatorias a movilizaciones entre el 7 y 9 diciembre en Lima y varias regiones del país, incluyendo a Puno, pedido que se garantice el derecho a la protesta pacífica.
El organismo recordó que la protesta social es un derecho fundamental para expresar demandas o reclamos legítimos, por lo que su primera condición es ser pacífica para tener validez democrática.
Tras los lamentables sucesos violentos de fin de año, la Defensoría instó a los manifestantes a velar para que no se infiltren sujetos violentos. Asimismo, urge al Ministerio Público informar sobre el avance de las investigaciones por las muertes ocurridas.
Respecto al actuar policial ante movilizaciones, la entidad enfatizó que deben ceñirse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, agotando primero medios no violentos.
La Defensoría supervisará las marchas en todo el país para que se respete el derecho a la protesta pacífica y se proteja los derechos de todos los ciudadanos.
