La Defensoría del Pueblo advierte que, durante junio, la conflictividad social subió con cuatro casos nuevos en Ayacucho, Lima Metropolitana, Puno, y en un sector que abarca Lima y Callao, el reporte señala que el país suma 195 disputas, 147 siguen activas.
El primer incidente nuevo ocurrió en Canayre, Huanta, donde vecinos de Unión Mantaro desalojaron a integrantes de Pampa Aurora, los primeros acusaron invasión de tierras, los desplazados aseguraron que poseen documentos que respaldan su propiedad sobre el terreno en cuestión.
El reporte también detalla que universitarios reclaman en Lima y Puno, alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal protestaron por problemas con matrículas, ausencia de profesores, servicios deficientes en biblioteca, comedor y atenciones médicas que quedaron en espera.
En la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, estudiantes exigieron carné universitario, medio pasaje y mejoras en seguridad, alimentación y apoyo a varias facultades durante una toma, este episodio finalizó tras acuerdos con autoridades y presencia directa de la Defensoría.
La Defensoría participó como mediadora en ambos conflictos universitarios, logró que en Lima empezara el diálogo y que en Puno cesaran las protestas mediante compromisos para resolver los pendientes de los estudiantes en el corto plazo.
El cuarto caso nuevo implicó marchas en Lima y Callao contra el Anillo Vial Periférico, ciudadanos temen por el impacto urbano y temen que la obra afecte barrios en once distritos de la capital y uno del puerto, la preocupación crece por posibles desalojos y cambios en la zona.
Loreto encabeza la lista de regiones con mayor número de confrontaciones, con 29 situaciones en solitario, le siguen Puno con 19 y Cusco con 17, en todos los casos identificados el eje ambiental destaca y la minería representa el treinta por ciento de la problemática nacional.
El informe de la Defensoría señala que el perfil dominante de la conflictividad en el país es ambiental, casi la mitad de los casos corresponde a disputas de este tipo, la minería continúa como fuente principal de tensión, sobre todo en la selva y el sur.
En junio se documentaron 248 protestas colectivas y la Defensoría emitió 26 alertas tempranas, varias entidades recibieron advertencias para intervenir a tiempo y evitar que las disputas escalen, la Defensoría da seguimiento directo a la mayor parte de los enfrentamientos reportados.
Al cumplirse el primer semestre de 2025, el balance muestra 21 conflictos incorporados y 1335 protestas ciudadanas acumuladas, la movilización social gira en torno a derechos, ambiente, sectores y decisiones del Estado que impactan en la vida diaria.
Mientras tanto, las marchas recientes de mineros que buscan formalizarse recibieron atención especial de la Defensoría, la institución vigila el respeto al derecho de protesta pacífica y verifica que las autoridades y servicios de salud respondan correctamente en cada caso.
