El Estado peruano gastó 40 mil millones de soles más de lo que recaudó en el último año, mientras el Congreso continúa aprobando nuevas medidas que aumentan el gasto público sin asegurar su financiamiento. Así lo advirtió el economista, docente universitario e investigador Armando Mendoza.
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, explicó que la situación fiscal del país es preocupante, ya que la competencia por recursos se intensifica sin que el presupuesto nacional crezca en la misma proporción. Esta tensión pone en riesgo iniciativas positivas, como la reciente ampliación del Fondo de Compensación Municipal (FonComún), que podrían verse anuladas por falta de recursos.
El economista recordó que el Impuesto General a las Ventas (IGV), fijado en 18 %, se distribuye en un 2 % para el FonComún y 16 % para el gobierno central. Sin embargo, advirtió que hay propuestas en el Congreso que buscan reducir este impuesto al 15 %, lo que recortaría aún más los ingresos del Estado.
La falta de coordinación en el Congreso está generando contradicciones graves, señaló Mendoza. Mientras se aprueban mayores transferencias a regiones y municipios, también se promueven reducciones tributarias. Esto alimenta un círculo vicioso de menor recaudación y mayores demandas presupuestales.
Crisis fiscal y populismo legislativo
Desde 2022, cuando el Tribunal Constitucional otorgó al Congreso la capacidad de proponer iniciativas de gasto sin exigir respaldo financiero, los legisladores han impulsado una serie de medidas populistas. Mendoza calificó este comportamiento como un “carnaval de gastos”, a pesar de que el Congreso tiene apenas un 5 % de aprobación ciudadana.
Otro problema es el crecimiento de la deuda pública, que ya consume el 10 % del presupuesto nacional, es decir, unos 25 mil millones de soles anuales. Si no se logra equilibrar ingresos y egresos, esta cifra seguirá en aumento, alertó el especialista.
Corrupción y mal uso de recursos
A ello se suma la corrupción. Mendoza citó estudios de la Contraloría General de la República que revelan que los gobiernos municipales pierden el 14 % de su presupuesto por corrupción; los gobiernos regionales, el 20 %; y el gobierno nacional, un 11 %.
El economista criticó el desorden en la planificación estatal. Como ejemplo, mencionó el caso del gasoducto del sur, donde el Estado peruano fue obligado a pagar 300 millones de dólares a una empresa concesionaria tras la cancelación irregular del contrato, lo que refleja la ineficiencia y el alto costo de una mala gestión pública.
