La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, alertó sobre la alta probabilidad de un fraude electoral en el país. En su denuncia, señala que existe un pisoteo sistemático de la Constitución y los derechos fundamentales. Desde su condición de ciudadana, tras ser inhabilitada irregularmente, advirtió que las autoridades están construyendo las condiciones para manipular los próximos comicios.
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Espinoza señaló que la vulneración de sus derechos constitucionales evidencia un patrón que podría replicarse en los procesos electorales. «No descarto la fabricación de un fraude electoral ante la manera burda y abierta con que pisotean la Constitución. Debo alertar a la población que es muy probable que haya un fraude», afirmó.
Según la exmagistrada, la confianza con que las autoridades vulneran el estado de derecho sugiere que están preparando el terreno para perpetuarse en el poder sin legitimidad democrática ni respeto a la voluntad popular. Denunció que el Congreso y sus aliados institucionales están «pisoteando a diestra y siniestra los derechos fundamentales, el debido proceso, la legalidad».
Espinoza sostuvo que todo está manipulado a conveniencia política. Los congresistas buscan la reelección mediante un sistema corrupto que les garantice permanecer en sus cargos sin importar las normas constitucionales ni los procedimientos legales establecidos. «Están concentrando el poder», denunció.
Pequeños golpes
La exfiscal advirtió que el país avanza «en cámara lenta a una dictadura» mediante pequeños golpes de estado que concentran el poder paulatinamente. Esta estrategia gradual, según explicó, permite vulnerar el orden constitucional sin generar una reacción masiva de la ciudadanía ante cada atropello individual.
El caso de Espinoza ilustra cómo operan estos mecanismos antidemocráticos. Desde el 13 de octubre se le otorgó una medida cautelar que la Junta Nacional de Justicia se negó a cumplir deliberadamente. La coordinación entre el Congreso y el sistema de justicia permitió dilatar y finalmente anular su reincorporación constitucional como fiscal de la Nación.
Silencio institucional
La exmagistrada también denunció el silencio cómplice de instituciones clave como la Defensoría del Pueblo. El defensor Josué Gutiérrez no emitió pronunciamiento alguno pese a los reiterados escritos solicitando urgencia. «No ha dicho una sola palabra», lamentó Espinoza. Este abandono institucional evidencia que las entidades de protección ciudadana están sometidas al poder político.
Espinoza concluyó que, si pisotean brutalmente los derechos de una fiscal de la Nación con periodo constitucional vigente, el fraude electoral es inevitable. «Están muy confiados» porque han neutralizado todos los mecanismos de defensa del orden constitucional y democrático, señaló. La impunidad con que actúan revela que han preparado el terreno para manipular los próximos procesos electorales sin temor a consecuencias.
