El presidente de la Asociación de Presidentes de las Cuatro Zonas de Juliaca, Román Juan Zapata Chambilla, formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Puno contra el alcalde Óscar Wyllams Cáceres Rodríguez y nueve funcionarios más de EPS Sedajuliaca S.A.
La denuncia atribuye presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, negociación incompatible, peculado y falsedad ideológica. Los hechos se vinculan a la ejecución del Programa de Medidas de Rápido Impacto II, cuyo presupuesto total asciende a S/ 121 millones 894 mil 625 en Juliaca.
Además del alcalde, la denuncia alcanza al presidente del Directorio, Félix Héctor Arapa Yapo; al gerente general, Fredy Armando Carita Faijo; y a los jefes de Planeamiento, Asesoría Jurídica y Proyectos Especiales, así como al consorcio ejecutor integrado por GS Maquinarias y SICMA S.A.C.
Adicionales millonarios
El contrato original de la Medida III se suscribió por S/ 77 millones 895 mil, con un plazo de 390 días calendario. Sin embargo, EPS Sedajuliaca aprobó hasta 22 adicionales de obra que incrementaron progresivamente el costo contractual sin que la obra concluyera conforme a sus fines públicos.
Entre los adicionales más cuestionados figura el N° 08, por S/ 4 millones 567 mil 884; el N° 15, por S/ 1 millón 258 mil 443; y el N° 19, por S/ 1 millón 266 mil 877. Corresponde investigar si el Adicional N° 22, un estudio de mecánica de suelos, se aprobó recién durante la ejecución de obra.
La denuncia señala que el gerente general, Carita Faijo, habría tenido «vinculación previa» con la empresa SICMA S.A.C., integrante del consorcio ejecutor. Esta circunstancia exige investigar si existió conflicto de intereses en la aprobación de los adicionales millonarios y las ampliaciones de plazo.
Obras abandonadas
Pese a los recursos comprometidos, la obra presenta calles aperturadas sin reposición de asfalto, vías hundidas, zanjas mal cerradas y sectores sin concluir. El tanque elevado de la avenida Tambopata y el reservorio del Cerro Santa Cruz figuran entre los componentes sin ejecución efectiva en la ciudad.
A ello se suma el colapso del techo de la cisterna en la Planta de Tratamiento de Ayabacas, hecho que obligó a un plan de contingencia. La Medida III concentra el 64.91% del presupuesto total del PMRI II, por lo que su fracaso compromete gravemente el servicio de agua potable en Juliaca.
El denunciante exige a la Fiscalía la incautación de documentación contractual, inspecciones in situ, intervención de peritos en ingeniería civil y contabilidad, además de la remisión de copias a la Contraloría General. La población de Juliaca espera que el Ministerio Público determine las responsabilidades penales de cada implicado.
