La Gerencia Regional de Desarrollo Agrario de Puno enfrenta un proceso judicial por la pérdida del terreno del campo ferial de Juliaca, donde cada año se realiza Fegasur. El asesor legal Paulo Ortiz Torres, reveló que una venta fraudulenta permitió que la Asociación Provivienda La Kantuta reclamara la titularidad del predio de más de tres hectáreas. Lo que se reclama son el área de 16 mil metros cuadrados.
El conflicto se remonta al año 1970, cuando el Ministerio de Vivienda transfirió el terreno al Ministerio de Agricultura mediante una cesión de uso. El predio pertenecía originalmente al Banco de Fomento y fue entregado formalmente con documentación sustentatoria. La posesión del bien quedó bajo administración del sector agrario en Puno.
Sin embargo, en 1990, el Ministerio de Vivienda realizó una venta directa fraudulenta a la Cooperativa de Vivienda La Cantuta Limitada. La resolución directoral 01290 adjudicó el terreno sin subasta pública. Esta transacción irregular se concretó pese a que el predio ya no pertenecía a Vivienda, sino a Agricultura.
El Ministerio de Agricultura detectó la anomalía y presentó una demanda de nulidad en 1992. El acto resolutivo anuló la venta, pero no se ejecutó la notificación a Registros Públicos. Esta omisión permitió que la cooperativa mantuviera inscripciones posteriores sobre el bien estatal.
La Asociación Provivienda La Cantuta inició un proceso judicial de reivindicación en 2015. La demanda fue presentada por el señor Elías María, identificado como representante de la organización. Según Ortiz Torres, varios extrabajadores de la entonces Dirección Regional Agraria integraron esta cooperativa de manera encubierta.
La sentencia de primera instancia declaró rebelde al procurador del Gobierno Regional de Puno por no absolver el traslado de la demanda. El documento judicial confirmó que las notificaciones fueron válidamente entregadas tanto a la Procuraduría como a la agencia agraria San Román. Sin embargo, nadie ejerció la defensa del Estado.
Ortiz Torres calificó la actuación como una mala defensa con indicios de intencionalidad. “La única forma de que no contesten la demanda es que sean los chuecos”, declaró. El asesor legal confirmó que el área jurídica de la gerencia solo atiende temas administrativos y que la defensa judicial correspondía a la Procuraduría.
El proceso avanzó con la cancha libre para los demandantes. En 2022, una resolución otorgó un plazo para la entrega del bien, pero nunca se ejecutó la posesión. La Gerencia Regional de Desarrollo Agrario mantiene hasta la fecha el control físico del terreno pese a la sentencia adversa.
Ortiz Torres anunció que presentarán una nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Además, solicitarán información a Registros Públicos para identificar a todos los integrantes de la cooperativa. Los trabajadores involucrados enfrentarán procesos administrativos y penales, según adelantó el asesor legal.
El excomisario de Fegasur, Percy Yana, confirmó la gravedad del caso. La investigación revela un patrón de irregularidades que compromete a exfuncionarios y extrabajadores. El terreno del campo ferial, valorizado en más de tres hectáreas, permanece en disputa legal.
