Tras la reciente huelga de trabajadores de la Sociedad de Beneficencia de Puno (SBP), en la que se exigió la destitución de la presidenta del directorio, Marilyn Lanza Arocutipa, esta afirmó que las demandas responden a intereses personales, ya que su gestión ha revelado serias irregularidades en la institución.
Lanza Arocutipa denunció casos de nepotismo, venta irregular de terrenos de la Beneficencia y aumentos salariales indebidos mediante pactos colectivos. Estas prácticas, según ella, han salido a la luz tras la implementación de una política más rigurosa en su administración.
Por su parte, el secretario general del sindicato acusó a la presidenta de intentar convertir la SBP en una «agencia de empleos» al modificar contratos de dos plazas para convertirlas en cargos de confianza. También señaló que, de las 34 personas nombradas en la institución, 30 están bajo el régimen 276 y cuatro por reposición judicial.
Entre los casos de posible nepotismo figura Sacarías Apaza Jallo, trabajador del área de seguridad, cuyo hijo, Alexander Paúl Apaza Sucasaca, también labora en la institución, en aparente contravención de la normativa vigente.
Asimismo, Wilson Mamani Quispe, jefe de la Unidad de Adquisiciones de esta institución, habría reconocido la contratación de familiares sin detallar el vínculo, lo que constituye una presunta falta ética.
La situación genera tensiones dentro de la institución, con denuncias cruzadas que complican el panorama y cuestionan la transparencia de las gestiones en la Sociedad de Beneficencia de Puno.
