El fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez desactivó cuatro equipos especiales anticorrupción sin presentar justificación técnica ni jurídica, según análisis de la exprocuradora ad hoc Silvana Carrión y el constitucionalista Joseph Campos, quienes advirtieron consecuencias inmediatas para investigaciones en curso, incluido el caso Susana Villarán en pleno juicio oral.
La decisión afecta al equipo especial Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, además de dos equipos adicionales, mediante resolución publicada que solo invoca la potestad del fiscal para crear y desactivar equipos sin evaluar resultados concretos, rendición de cuentas ni desempeño específico de cada grupo investigador.
«No encontramos en la resolución publicada criterios técnicos ni jurídicos en ninguno de los cuatro casos, simplemente dicen tengo la facultad de crearlos y desactivarlos», declaró Carrión, señalando la ausencia de análisis sobre sentencias condenatorias o calidad de acusaciones presentadas.
Debate sobre autonomía y rendición de cuentas
Campos reconoció que los equipos especiales deben existir por optimización de recursos y eficacia en persecución del delito, pero también requieren rendir cuentas periódicamente, situación que consideró ausente en equipos como Lava Jato, cuestionando especialmente interpretaciones del carácter secreto convertido en dogma incuestionable.
El equipo especial Lava Jato logró 13 sentencias condenatorias desde 2016, incluidas condenas a expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, además de 31 acusaciones fiscales presentadas y 60 sentencias de colaboración eficaz homologadas, según estadísticas oficiales del Ministerio Público.
Carrión defendió que las colaboraciones eficaces son procesos especiales con sentencias condenatorias establecidos en el Código Procesal Penal, requiriendo trabajo de corroboración fiscal y evaluación judicial exhaustiva, citando el caso Odebrecht con 19 audiencias de todo un día ante la jueza.
Casos en riesgo y vacío procesal
La resolución traslada a todos los fiscales de Lava Jato al sistema de lavado de activos excepto José Domingo Pérez, dejando en el limbo el juicio contra Susana Villarán con audiencia programada y 100 medios probatorios pendientes de examen, generando ventaja a la defensa.
«Los abogados de Villarán van a seguir teniendo ventaja de todo el conocimiento del caso de hace muchos años frente a una fiscalía o fiscal que finalmente no tiene ese conocimiento», advirtió Carrión sobre la curva de aprendizaje requerida para casos complejos con años de investigación.
Gálvez sugirió que la Fiscalía de la Nación no debería investigar directamente a todos los aforados sino actuar como segunda instancia, propuesta que generó suspicacias sobre renuncia a potestad persecutoria del delito, aunque expertos interpretaron como búsqueda de redistribución de carga procesal institucional.
