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sábado, 7 diciembre 2024

Desmantelan red de corrupción en Ecuador: jueces, policías y funcionarios sentenciados por nexos con narcotráfico

La jueza Mercedes Caicedo señaló que la red criminal liderada por Javier Novillo buscaba manipular el sistema judicial con pagos y sobornos millonarios

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En un golpe significativo contra la corrupción en Ecuador, un tribunal ecuatoriano condenó a una veintena de procesados por su participación en una red criminal que penetró el sistema de justicia. La sentencia reveló la profunda infiltración del narcotráfico en instituciones públicas, exponiendo un escándalo que involucra a altos representantes judiciales, penitenciarios, policiales y políticos.

La jueza Mercedes Caicedo identificó a Javier Novillo como líder de la organización criminal, imponiéndole 10 años de prisión. Entre los sentenciados destaca Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, condenado a nueve años y cuatro meses por su rol en la red delictiva.

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El caso reveló un entramado de corrupción liderado por el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en prisión hace dos años. La Fiscalía documentó sobornos que oscilaban entre 6.000 y 450.000 dólares, además de joyas y propiedades para obtener beneficios judiciales y administrativos.

Las investigaciones se iniciaron tras el análisis de los teléfonos celulares de Norero, donde se evidenciaron conversaciones que detallaban pagos para obtener favores en diferentes niveles del sistema judicial. La red operó entre mayo y octubre de 2022, buscando sistemáticamente funcionarios corruptos para desviar la administración de justicia.

El tribunal condenó a varios funcionarios de alto nivel, incluyendo un general de policía retirado, jueces, fiscales provinciales y funcionarios públicos. La colombiana Claudia Garzón, quien actuaba como mediadora de paz en cárceles, recibió una condena de 40 meses de prisión por su participación.

La jueza destacó que esta estructura criminal buscaba crear un “paraíso judicial” mediante una red de sobornos. Otros 12 involucrados se acogieron a procedimientos abreviados, recibiendo sentencias cercanas a los 40 meses. El caso expone la profunda crisis de corrupción que atraviesa el sistema de justicia ecuatoriano.

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