La avenida El Sol de la ciudad de Puno se convirtió en escenario de captura para Ronald Loza Machicao, funcionario de la dirección regional de salud involucrado en el escándalo que afectó a 23 escolares en Cabana, tras consumir alimentos del extinto programa Qali Warma. La operación conjunta entre la Dirección Contra la Corrupción de la PNP y la Fiscalía culminó con cuatro allanamientos estratégicos en las regiones de Arequipa y Puno, destapando una red de corrupción que habría manipulado evidencia crítica en el caso.
Loza Machicao, capturado en el hotel AuroMar INN, enfrentaría graves acusaciones por su presunta participación en la alteración deliberada de pruebas microbiológicas relacionadas con productos de la empresa proveedora Frigoinca S.A.C., distribuidos por el programa estatal Qali Warma en instituciones educativas de la provincia de San Román.
La investigación que se desarrolla bajo estricta reserva judicial, señala que el funcionario público habría aceptado pagos ilícitos para modificar resultados de análisis realizados a conservas de pescado marca Don Simón, intentando desviar la responsabilidad hacia un supuesto consumo de agua contaminada por parte de los menores afectados.
Las autoridades también allanaron propiedades vinculadas al detenido, incluyendo un inmueble ubicado en la urbanización Las Colonial III del distrito de Paucarpata en Arequipa, donde se buscarían evidencias adicionales que fortalezcan la hipótesis de la Fiscalía sobre los presuntos vínculos entre el funcionario y la empresa proveedora.
El caso se remonta a marzo de 2024, cuando un brote de intoxicación afectó a 23 estudiantes de la institución educativa Gamaliel Churata en Cabana, quienes requirieron atención médica inmediata en el hospital Carlos Monge Medrano tras consumir alimentos distribuidos por Frigoinca S.A.C., generando una crisis sanitaria que alertó a autoridades nacionales por la gravedad de los síntomas presentados.
Según fuentes del Ministerio Público, la detención de Loza forma parte de una investigación más amplia contra la presunta organización criminal denominada «Los Fríos del Hambre», un grupo que habría operado sistemáticamente para encubrir irregularidades en la distribución de alimentos escolares a través de influencias en entidades fiscalizadoras.
El objetivo principal de la manipulación de los informes sanitarios, conforme a la hipótesis fiscal, habría sido eximir a la empresa Frigoinca de posibles sanciones contractuales y administrativas, garantizando así su permanencia como proveedor oficial dentro del programa de alimentación escolar que beneficia a miles de estudiantes en la región.
Las diligencias realizadas esta semana representan un avance significativo en la investigación que busca desmantelar una presunta red de corrupción que habría puesto en riesgo la salud de escolares vulnerables, mientras las autoridades continúan analizando la participación de otros posibles implicados en el esquema de encubrimiento denunciado.
