Dirigentes de Puno elevan su voz a la ONU por la detención de Donata Carvajal y otros manifestantes. Edith Calizaya, también dirigente, declara haber sufrido persecución política y un intento de detención arbitraria. La defensa de los derechos humanos y el cese de la represión son sus principales demandas.
Donata Carvajal enfrenta una solicitud de 20 años de prisión por gritar «Dina asesina» durante las protestas sociales. Según su testimonio, fue detenida con irregularidades y obligada a firmar documentos. Ella defiende su derecho a protestar por la venta de los recursos del país.
Edith Calizaya relata que Donata Carvajal sufrió discriminación por usar pollera durante su detención. Calizaya enfatiza que a Carvajal no le permitieron comunicarse y la obligaron a dormir en el suelo, actos que considera violencia física y psicológica.
Calizaya denuncia que cuatro jóvenes están encarcelados injustamente por participar pacíficamente en las protestas. Afirma que varios ciudadanos enfrentan procesos judiciales y algunos aún no han sido notificados. La defensa de los derechos a la protesta es un punto central.
Edith Calizaya también vivió en carne propia la persecución política, al ser interceptada por policías que intentaron detenerla sin motivo. La población impidió su detención, evidenciando el respaldo popular a su causa. Ella se dedica a trabajar y sacar adelante a su familia.
La comunidad internacional, incluyendo la ONU, ya tienen información sobre la situación de injusticia en Perú. Con estas denuncias se busca visibilizar la persecución política y la violación de los derechos humanos que sufren los manifestantes en Puno.
