La Policía Nacional detuvo anoche del 16 de octubre a Damián Yucra Coari de 42 años subgerente de Operaciones de la Municipalidad Provincial de San Román. El funcionario es acusado de sustraer ocho expedientes vinculados a la clausura de cantinas y discotecas. El hecho ocurrió entre las 5:00 y 5:30 de la madrugada en la oficina de Asesoría Legal.
El asistente administrativo Silvio A. M. denunció que Yucra ingresó sin autorización y retiró los documentos. La denuncia activó un operativo policial que ubicó al implicado en la urbanización La Capilla. Actualmente enfrenta investigación por hurto agravado según confirmó el ciudadano Antero Pimentel Esquivias.
La Municipalidad Provincial de San Román destituyó a Yucra tras su detención. El alcalde Oscar Cáceres Rodríguez ordenó su separación inmediata del cargo. “La imagen de la institución no debe verse dañada” declaró el burgomaestre al confirmar la medida administrativa.
El hurto de los expedientes afecta procesos de clausura a locales nocturnos sin licencia. Cáceres Rodríguez admitió que “es una sustracción de bienes del Estado” y advirtió sobre posibles móviles para favorecer a establecimientos. La investigación podría extenderse hasta 60 días según el alcalde.
Extraoficialmente se maneja la existencia de videos que incriminarían al detenido. El caso surge en un contexto de críticas por la proliferación de cantinas irregulares en Juliaca. La comuna ha anunciado clausuras que no se concretan desde hace meses.
Al respecto, el regidor de la Municipalidad Provincial de San Román, Javier Chura Espirilla manifestó su absoluto rechazo a las irregularidades cometidas e indicó que se realicen las investigaciones necesarias y se determine sus responsabilidades, por la denuncia señalada.
La suspensión de Yucra se suma a los cuestionamientos por corrupción interna en la comuna. Cáceres Rodríguez aseguró que “las denuncias tienen que correr tal como manda la ley”.
El nuevo Organismo de Control Interno aún no opera por trámites pendientes en Lima. La implementación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) podría demorar entre 30 y 60 días. El alcalde insistió en que “hay que actuar rápidamente” para evitar nuevos casos de irregularidades.
La investigación determinará si hubo complicidad de otros funcionarios en el hurto. Los expedientes sustraídos correspondían a sanciones inminentes contra locales nocturnos. La comunidad exige transparencia y resultados concretos.
