El actual régimen continúa dilatando la búsqueda de justicia de los muertos durante las protestas sociales; sin embargo, solo ganan tiempo, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben, afirmó el abogado de las víctimas del 9 de enero, César Quispe Calsin.
Señaló que el último golpe del Parlamento nacional, fue retirar a Delia Espinoza de la Fiscalía de la Nación. “Todo ha sido muy bien calculado para llegar a este momento, de tal manera que Dina Boluarte y las exautoridades, siguen protegidas”, cuestionó.
Recordó que el Congreso de la República archivó dos de las tres denuncias constitucionales que se habían presentado en contra de la exmandataria. “Se han convertido en cómplices”, dijo.
El abogado lamentó la desactivación del equipo de fiscales que investigaba las muertes durante las protestas, señalando que ello constituye un gravísimo riesgo de dilatación.
“A los nuevos fiscales les va a tomar meses estudiar el caso, son miles de elementos de convicción y cientos de tomos. Con esto solo quieren dilatar el tiempo para buscar impunidad”, agregó.
Quispe Calsin, sostuvo que la única manera de cambiar ello es a través del cambio de gobierno en julio de este año. “En las elecciones de abril no se le debe dar el voto a la derecha y a los pactos de poder que han protegido a Dina Boluarte”, dijo.
