La presidenta Dina Boluarte conmocionó al Perú al denunciar en cadena nacional un “golpe de Estado blando” ejecutado, según ella, por una alianza entre la Fiscalía y medios de comunicación. Sus declaraciones, cargadas de tensión política, reactivaron el debate sobre los límites del poder y la autonomía institucional.
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez, respondió: “Ningún poder es absoluto”, cuestionando el tono confrontacional. Subrayó que la Fiscalía debe actuar bajo el marco legal vigente, aunque sus decisiones generen descontento. El TC analizará en marzo los alcances de la inmunidad presidencial, tras el allanamiento al ministro del Interior, Víctor Torres.
Este hecho, calificado de “excepcional” por Gutiérrez, expone la pugna entre controles anticorrupción y estabilidad gubernamental. “¿Por qué no vemos operativos así contra el Tren de Aragua?”, cuestionó el magistrado, reflejando malestar por la selectividad percibida en las investigaciones.
Perú arrastra una crisis de equilibrios desde el gobierno de Pedro Castillo, cuya vacancia marcó un precedente. Gutiérrez advirtió: “Investigar a todo presidente en funciones paraliza la gobernabilidad”. El TC deberá decidir si prioriza la lucha anticorrupción o la protección institucional.
Tribunal Constitucional como árbitro institucional
El magistrado pidió “tolerancia” a Boluarte y enfatizó que “la polarización obstaculiza soluciones”. Sugirió convocar al Consejo de Estado para mediar entre poderes, aunque reconoció que “la presidenta debe dar el primer paso” para desactivar la confrontación.
En paralelo, el TC enfrenta presiones por definir el futuro de la figura presidencial. Gutiérrez reveló que analizarán casos históricos, como los de Alejandro Toledo y Pedro Castillo, para establecer criterios claros sobre inmunidad y responsabilidades durante el mandato.
Con elecciones en 2026, el magistrado instó a candidatos y Congreso a “reformar la Constitución con consensos”. “El Perú es un problema, pero también una posibilidad”, concluyó, subrayando la urgencia de equilibrar controles democráticos sin caer en la ingobernabilidad.
