Excongresista Luis Roel Alva señaló que la presidenta Dina Boluarte enfrenta graves consecuencias legales tras revelarse que habría ocultado información sobre sus intervenciones quirúrgicas del año pasado. El abogado constitucionalista explicó que mentir ante el Ministerio Público constituye delito de falso testimonio, sumándose a la investigación por abandono del cargo ya en curso.
Las nuevas revelaciones indican que Boluarte habría tenido más de 48 horas de descanso médico, periodo durante el cual no ejerció sus funciones presidenciales sin informar al Congreso ni delegar en el presidente del Consejo de Ministros. Según establece la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la mandataria debió comunicar oficialmente su situación al Parlamento, siguiendo el mismo procedimiento que se realiza cuando viaja al extranjero.
El especialista constitucional destacó que el Congreso, como representación nacional, tiene derecho a conocer cuando la presidenta no puede ejercer sus funciones, permitiendo que temporalmente asuma el presidente del Consejo de Ministros o del Congreso. La omisión de este procedimiento configuraría el delito de abandono del cargo actualmente bajo investigación fiscal, mientras que las falsas declaraciones ameritarían un proceso penal adicional.
Roel Alva manifestó su esperanza de que el Tribunal Constitucional establezca claramente los alcances de las investigaciones contra la presidenta en funciones, pendiente de resolución en una demanda competencial. Si el TC fallara a favor de Boluarte, todas las investigaciones quedarían suspendidas hasta que concluya su mandato presidencial, contrario a lo ocurrido con el expresidente Pedro Castillo.
Otras controversias presidenciales cuestionadas por el especialista
El constitucionalista criticó las recientes declaraciones de Boluarte sobre la pena de muerte realizadas en un colegio frente a menores de edad, calificándolas como inapropiadas e inexactas jurídicamente. Según explicó Roel, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que la pena capital es inaplicable en Perú, pese a estar contemplada para casos de traición a la patria en guerra exterior.
La propuesta presidencial contradice principios constitucionales fundamentales como la dignidad humana y el derecho a la vida, además de los tratados internacionales suscritos por Perú que obligan a una política abolicionista. El país tiene compromisos con la Convención Americana de Derechos Humanos y diversos acuerdos de Naciones Unidas que impiden reinstaurar la pena capital, precisó el especialista.
Respecto al estado de emergencia decretado para Lima y Callao, el ex parlamentario lo calificó como insuficiente y sin un plan concreto de acción. El decreto supremo solo establece la emergencia por 60 días y la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, sin detallar cómo se articularán ni qué derechos ciudadanos serán restringidos durante este periodo.
Finalmente, Roel Alva expresó su preocupación por la actitud del gobierno hacia la libertad de prensa, evidenciada en la negativa de Boluarte a reunirse con la delegación de la SIP y firmar la Carta de Chapultepec. La libertad de expresión y prensa constituyen pilares esenciales de la democracia y del estado constitucional de derecho, concluyó el especialista, advirtiendo sobre los riesgos de seguir el camino de regímenes autoritarios de la región.
