Un informe reciente alertó que la Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción de Puno no publicó la lista de exfuncionarios y exservidores en la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público.
Esta omisión, obligatoria desde agosto de 2023, impide detectar conflictos de intereses y abre las puertas a posibles actos de corrupción, según el informe oficial emitido el 10 de noviembre de 2025.
El documento, firmado por la subgerente de Prevención Solange Pérez Montero, señala que la entidad no cumplió con registrar a sus exfuncionarios en la plataforma digital, a pesar de que la ley exige esta publicación para evitar la llamada «puerta giratoria».
La Contraloría advirtió que solo el 17% de las entidades públicas del país han cumplido con esta obligación. En el caso de Puno, la Dirección Regional de Transportes figura entre las que no registraron a sus exfuncionarios.
El informe detalla que la falta de transparencia limita la capacidad del Estado para supervisar posibles conflictos de intereses. Por ejemplo, un exfuncionario no podría trabajar en una empresa que se benefició de sus decisiones mientras estuvo en el cargo, pero, al no estar registrado, no hay forma de verificar si esto ocurre.
La Contraloría notificó oficialmente al director regional, Beto Portillo Calcina, y le dio un plazo de 20 días para presentar un plan de acción que solucione este incumplimiento.
La entidad debe registrar de inmediato a sus exfuncionarios y explicar por qué no lo hizo desde 2023. De no corregir esta falla, podría enfrentar acciones disciplinarias o incluso investigaciones penales.
