El dirigente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), Pedro Quispe Quisocala, cuestionó duramente la sentencia de cinco años contra una ciudadana de Puno por su participación en las protestas nacionales. Para Quispe, esta decisión judicial es un claro intento de intimidar a los manifestantes y una muestra de la represión sistemática del gobierno.
El dirigente sindical también calificó al gobierno de “dictatorial, criminal y corrupto”, acusando a las autoridades de criminalizar la protesta social. Señaló que, mientras más de 70 personas murieron en las manifestaciones, ninguna figura del gobierno, incluida la presidenta Dina Boluarte, ha sido investigada, ni altos mandos militares o policiales.
Quispe advirtió sobre la creciente represión estatal, señalando que varios líderes sociales han recibido sentencias de hasta 15 años. Para él, esto es parte de una estrategia para silenciar a la oposición y frenar futuras protestas en contra de las políticas gubernamentales.
El dirigente también mostró su rechazo al presupuesto nacional, que destina más de 12 mil millones de soles al Ministerio del Interior y Defensa, lo que considera una forma de financiar la represión en lugar de invertir en el bienestar de la población. Además, anunció que el SUTEP exigirá la renuncia del ministro de Educación, Morgan Quero, por su apoyo al gobierno.
