El dirigente de la provincia de San Román, Orlando Fernández Sejje, denunció que la fiscal Angela Paola Catacora Aguirre archivó irregularmente el caso de sobrevaloración en la compra de maquinarias del Gobierno Regional de Puno. El dirigente afirmó que nunca fue notificado del archivamiento, pese a ser parte denunciante en el proceso.
La denuncia original señala una sobrevaloración de aproximadamente 10 millones de soles en la adquisición de 21 excavadoras con martillos hidráulicos realizada el año pasado. Fernández Sejje sostiene que la Contraloría General de la República le dio la razón sobre las irregularidades detectadas en dicha compra de maquinaria pesada.
El dirigente cuestionó duramente la efectividad de los informes de la Contraloría, calificándolos como inútiles para combatir la corrupción. «Las denuncias que se hace por corrupción simplemente cae al saco roto», expresó Fernández Sejje durante su intervención radial en Pachamama Radio la semana pasada.
Según su testimonio, descubrió el archivo del caso cuando visitó las instalaciones del Ministerio Público junto a otros dirigentes. Allí le informaron que el órgano de control interno del gobierno regional había apelado la decisión, pero él nunca recibió notificación alguna para ejercer su derecho de defensa.
Fernández Sejje responsabilizó directamente al gobernador regional, al gerente regional y a 13 funcionarios que otorgaron la buena pro en el proceso de adquisición. El dirigente considera que existe «una corrupción total» en las entidades públicas encargadas de investigar estos casos, incluyendo Fiscalía y Contraloría.
El denunciante anunció que coordinará con otros dirigentes para realizar una protesta ante la Fiscalía Anticorrupción. Argumenta que entregó todas las pruebas del caso «servidito» a la fiscal, pero no hubo sanciones ni investigación exhaustiva de las presuntas irregularidades.
La denuncia señala además que los términos de referencia elaborados para la compra no fueron cumplidos por los responsables. Fernández Sejje expresó su esperanza en que el fiscal penal que ahora revisa la apelación observe el caso y evite su archivo definitivo.
