Las gestiones contra el incremento del servicio de agua en Puno generan investigaciones preliminares con aparentes irregularidades procesales, según denuncia Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno. El dirigente recibió una notificación fiscal por presuntos disturbios mientras lidera la oposición ciudadana contra las nuevas tarifas que implementará la Sunass.
Núñez sostiene que la notificación de la fiscal Ruth Mery Caira Yucra de la Segunda Fiscalía Provincial presenta graves errores documentales que cuestionan la seriedad del proceso. El documento menciona incorrectamente a EmsaPuno y Sunat como instituciones involucradas, cuando la controversia se centra específicamente en las decisiones tarifarias de la Sunass para el servicio hídrico local.
La investigación preliminar por disturbios llegó marcada como «muy urgente» al domicilio del dirigente social, quien califica el procedimiento como un intento de amedrentamiento sin fundamento legal sólido. Núñez cuestiona además que la notificación no fue entregada en su domicilio actual, sumando otra irregularidad al proceso investigativo iniciado por el Ministerio Público.
El presidente del frente popular mantiene su posición de resistencia a pesar de la presión, anunciando que continuará convocando reuniones pacíficas para evitar el alza del precio del agua. Su organización considera que la medida tarifaria afectará económicamente a las familias puneñas, especialmente a los sectores populares de menores recursos.
Núñez revela que no es el único dirigente sometido a investigaciones relacionadas con las protestas contra el incremento tarifario del agua potable. Varios líderes sociales de Puno estarían recibiendo notificaciones similares del Ministerio Público, configurando un patrón sistemático de presión contra la dirigencia popular que se opone a las decisiones de la Sunass.
La estrategia de reuniones pacíficas continuará según el dirigente, quien afirma que la intimidación por el Ministerio Público, no detendrá la lucha popular en favor de la población puneña. El frente de organizaciones mantiene su agenda de movilización social para impedir que las nuevas tarifas del servicio hídrico afecten la economía familiar de los usuarios del sistema.
Las irregularidades procesales denunciadas incluyen errores en la identificación de instituciones, problemas en la notificación domiciliaria y aparente falta de sustento en los cargos por disturbios. Estos elementos configurarían, según la dirigencia, un proceso judicial viciado desde su origen, lo que fortalecería la tesis del amedrentamiento político.
Amador Núñez reafirma su compromiso con la defensa de los intereses populares frente a las decisiones gubernamentales que considera perjudiciales para la población puneña. El dirigente mantiene que la lucha contra el alza del agua continuará mediante mecanismos democráticos y pacíficos, independientemente de las presiones del sistema judicial.
