Juliaca se prepara para una paralización masiva si el Ministerio de Vivienda no atiende su demanda: la reestructuración inmediata de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado (PIAA). Más de 217 urbanizaciones, sin agua potable tras un año de retrasos, respaldaran un memorial que será firmado por miles de ciudadanos, el cual se elevará a Lima.
El acuerdo surgió en una asamblea realizada el domingo pasado. «Queremos una renovación desde abajo», declaró Eusebio Cabrera Chunga, presidente de la Central de Barrios.
Los vecinos acusan a los 20 funcionarios de la UCP de ganar entre S/. 9,000 y S/. 20,000 mensuales sin mostrar avances. Solo en salarios y planillas, el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) gastó en planillas S/. 4 millones al mes, incluidos S/. 300,000 en alquileres, limpieza y seguridad y otros para una oficina que, según denuncian, «no resuelve nada».
Sueldaso sin resultado:
Matías Tacusi, integrante del comité de gestión, y Orlando Fernández Sejje, presidente de la Urbanización Los Chirihuanos, ratificaron la crítica. «Gastan millones en sueldos y comodidades, pero no hay obras», señalaron. El proyecto, iniciado en 2024, no ha concluido ni la primera etapa. Los manifestantes exigen al ministro de Vivienda que intervenga ante la ineficacia de la UCP.
La indignación crece al saber que el coordinador técnico, Sergio Ito, enfrenta 14 procesos fiscales por corrupción. «No son capaces ni de entregar documentación a la Contraloría», añadieron.
El memorial, que incluye la remoción total del personal de la UCP, será presentado al ministro en los próximos días. «Si no hay respuesta, Juliaca paralizará», advirtieron. Los dirigentes actuales, desacreditados, perdieron el apoyo ciudadano. La asamblea decidió formar una comisión transitoria para supervisar el proyecto mientras se elige una nueva dirigencia.
La salud de los habitantes está en riesgo: consumen agua contaminada con metales pesados. «Los niños pierden memoria y los adultos sufren daños irreversibles», alertó un vecino. Autoridades locales, como el alcalde provincial, respaldan la protesta y pidieron a la Contraloría investigar el uso de los fondos. «No queremos más promesas, queremos agua», exigieron.
Bajo avance:
La primera etapa, que debía finalizar en agosto de 2024, sigue pendiente. Sin su conclusión, las etapas II; III y IV —con presupuestos millonarios— no pueden iniciar. «¿Cómo avanzar si ni siquiera terminan lo básico?», preguntaron. Los manifestantes denuncian que la UCP opera como «agencia de empleo» para recomendados, sin capacidad técnica.
La protesta une a autoridades, dirigentes y vecinos. «El ministro debe actuar ya», insistió Cabrera. La paralización, anunciada para los próximos días, busca presionar al gobierno central. «No permitiremos que sigan jugando con nuestra salud y nuestro dinero», concluyeron los líderes comunitarios.
