Un fallo judicial contundente obliga a la Universidad Nacional del Altiplano en Puno a restituir los derechos laborales y de igualdad a docentes afectados por un requisito ilegal en el proceso de nombramiento, según explicó el abogado Rolando Jiménez Sardón, representante legal de los profesores.
La resolución judicial determinó que la universidad vulneró el derecho al trabajo y la igualdad de los catedráticos, quienes fueron excluidos de un nombramiento excepcional al que tenían derecho según la ley vigente.
La controversia surgió por un lineamiento interno de la universidad que exigía un contrato docente vigente hasta el 22 de noviembre de 2024, condición que no figura en la Ley 32171, norma que regula el proceso de nombramiento.
La Ley 32171 establece requisitos claros para el nombramiento excepcional, como acreditar cinco años de experiencia universitaria, vínculo laboral hasta el semestre 2023-2 y haber ganado una plaza por concurso público.
El tribunal fue enfático en su dictamen y ordenó que la universidad aplique estrictamente la Ley 32171 para los docentes demandantes, dejando sin efecto el inciso séptimo del numeral 3.3 del capítulo 3 de los lineamientos cuestionados.
El abogado expresó su satisfacción con la decisión judicial y sostuvo que la universidad debe ejecutar de inmediato lo dispuesto por el tribunal, asegurando el respeto a los derechos de los profesores.
La universidad argumentó que actuó bajo el principio de autonomía universitaria, pero el juez descartó esta defensa y precisó que dicha autonomía no permite vulnerar derechos fundamentales ni interpretar las leyes de manera discrecional.
La SUNEDU ya había advertido a la universidad sobre la improcedencia de los lineamientos, según el doctor Carlos Mesía, ex presidente del Tribunal Constitucional y asesor legal de la entidad, quien aclaró que la autonomía solo abarca aspectos académicos y administrativos.
La SUNEDU mantiene abierta una investigación sobre este caso y ha solicitado información a la universidad respecto a los procesos judiciales y la aplicación de la Ley 32171 en el proceso de nombramiento.
La universidad podría enfrentar una multa de hasta quinientos mil soles, cifra que afectaría su presupuesto y trasladaría un perjuicio económico a los estudiantes, según lo advirtió la SUNEDU en sus recientes comunicaciones.
El letrado adelantó que los docentes planean solicitar una medida cautelar para asegurar el cumplimiento inmediato del fallo judicial y evitar demoras en la restitución de los derechos laborales de los profesores afectados.
Los docentes afectados evalúan presentar una demanda civil por daños y perjuicios, buscando una indemnización por salarios perdidos, gastos legales y afectación moral, acción que se dirigiría contra el rector, vicerrectores y miembros del Consejo Universitario.
Existe la posibilidad de iniciar una denuncia por abuso de autoridad contra quienes aprobaron el reglamento, lo que podría llevar a la destitución de los miembros del Consejo Universitario y su exclusión como docentes.
La situación actual exige que la Universidad Nacional del Altiplano rectifique su accionar, ya que otras instituciones como la Universidad de San Antonio Abad del Cusco revirtieron lineamientos similares tras una acción constitucional, marcando un precedente en el respeto a los derechos laborales.
