Dos años han transcurrido desde la emisión de la Ley N°31653 sin que el Ministerio de Educación concrete su reglamentación, situación que mantiene a los docentes de institutos tecnológicos del país en constante movilización exigiendo mejoras salariales y presupuestarias. En Puno, esta realidad se agudiza con denuncias de intimidación hacia los educadores que ejercen su derecho a la protesta.
Omar Coasaca Núñez, secretario del sindicato de docentes del Instituto Superior Tecnológico José Antonio Encinas, reveló que enfrentan presiones del especialista Willber Mamani Huaracha de la Dirección Regional de Educación. El funcionario habría solicitado los nombres de los docentes participantes en las movilizaciones que se desarrollan por tercer día consecutivo en apoyo a la huelga nacional.
La medida de fuerza se enmarca en el reclamo por la reglamentación de la norma que busca mejorar la escala salarial, los nombramientos y el presupuesto destinado a la educación técnica. Los docentes retomaron sus acciones de protesta a nivel nacional tras el incumplimiento gubernamental durante estos dos años de espera.
Las sospechas sobre el pedido de nombres y registros por parte del especialista Mamani Huaracha generaron alarma entre los sindicalistas, quienes presumen que la información se utilizaría para ejecutar descuentos salariales. Esta situación motivó que los representantes docentes buscaran una reunión urgente con el director regional de educación.
Coasaca Núñez calificó como intimidación las acciones del especialista de educación superior, argumentando que la huelga cuenta con total legalidad y respaldo normativo. El dirigente sindical enfatizó que no existen motivos jurídicos para aplicar descuentos salariales a los docentes que ejercen su derecho constitucional a la protesta.
La tensión se intensifica mientras los educadores mantienen su presencia en las calles de la región Puno, exigiendo que las autoridades del sector educación cumplan con los compromisos asumidos. Los docentes consideran que las presiones constituyen una vulneración a sus derechos laborales y sindicales establecidos en la legislación vigente.
Las movilizaciones reflejan el malestar acumulado en este sector educativo, donde los profesionales reclaman condiciones laborales dignas y el reconocimiento económico correspondiente a su labor formativa. La falta de reglamentación de la ley mantiene en incertidumbre a miles de docentes a nivel nacional.
Los dirigentes sindicales anunciaron que continuarán con las medidas de fuerza hasta obtener respuestas concretas del Ministerio de Educación y garantías de que no se aplicarán represalias contra los participantes. La situación evidencia la necesidad urgente de diálogo entre autoridades educativas y representantes docentes para resolver el conflicto.
