La región de Puno recuerda con dolor y exigencia los dos años transcurridos desde los trágicos sucesos del 9 de enero de 2023, cuando 18 personas perdieron la vida durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Hasta el día de hoy, los responsables no han sido llevados ante la justicia, según informó Lucio Ccallo Callata, coordinador del Comité Colegiado de las Organizaciones de la Región de Puno.
Ccallo sostiene que las máximas autoridades del país, entre ellas la presidenta Dina Boluarte y su entonces ministro Alberto Otárola, han evitado colaborar con las investigaciones, lo que estaría dificultando el esclarecimiento de los hechos. Estas acciones, según el líder social, reflejan un menosprecio por la vida y los derechos de los ciudadanos.
La indignación crece en la región debido a declaraciones polémicas de figuras del gobierno. El ministro de Educación, Morgan Quero, llegó a calificar a los ciudadanos como “ratas”, lo que ha sido interpretado como una muestra de desprecio hacia los sectores populares. Para Ccallo, este tipo de afirmaciones refuerzan la idea de una desconexión entre las autoridades y las necesidades del pueblo.
Mientras tanto, quienes participaron en las manifestaciones enfrentan persecución judicial. Dirigentes y ciudadanos comunes han recibido sentencias de prisión y se han visto obligados a pagar reparaciones civiles. Entre los casos más notorios, una manifestante en Puno recibió una condena de cinco años de cárcel suspendida, y en Cuzco, cuatro jóvenes fueron sentenciados a siete años por participar en las protestas.
Ccallo destacó que, a nivel nacional, al menos 15 dirigentes sociales han sido encarcelados, lo que ha generado un impacto económico y emocional en sus familias. Muchas personas han abandonado la lucha por temor a represalias, mientras que otras continúan resistiendo en medio de la adversidad.
Las protestas, explica Ccallo, no solo buscaban defender al expresidente Pedro Castillo, sino también impulsar un cambio estructural en el país mediante una nueva Constitución. Según él, la actual carta magna ha favorecido a pequeños grupos de poder mientras empobrece a la mayoría.
A pesar de la represión ejercida por las fuerzas armadas y policiales, el pueblo de Puno no ha renunciado a su demanda de justicia. Ccallo concluye que, lejos de quebrar su espíritu, estas acciones han fortalecido su determinación de seguir luchando por un país más justo y equitativo.
