La Dirección Regional de Educación de Puno (DREP) infringe la Ley de actualización al Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público sobre exfuncionarios y esto impide detectar posibles conflictos de intereses.
Este fenómeno conocido como «puerta giratoria», consiste en que exautoridades pasan a trabajar en empresas privadas vinculadas a decisiones que tomaron en el Estado, lo cual podría generar corrupción.
Según el informe oficial de Contraloría, la omisión deja sin control a quienes podrían aprovechar su influencia para beneficiar intereses particulares, afectando directamente la transparencia en el sector educación.
La Subgerencia de Prevención de la Contraloría, señala que la entidad no registró la salida de su personal en la plataforma digital, a pesar de que la obligación es clara desde hace más de dos años.
La ley busca evitar que exfuncionarios públicos trabajen en empresas que se beneficiaron de sus decisiones, o que funcionarios privados ingresen al Estado para favorecer a sus exempleadores. Sin este registro, no hay forma de fiscalizar si se cumplen las restricciones.
La DREP aparece en la lista de instituciones que ignoraron el requisito, a pesar de que la plataforma está disponible y es de uso obligatorio y el informe precisa que la máxima autoridad de la entidad, Edson de Amat Apaza Apaza, es responsable de garantizar esta publicación, pero no lo hizo.
