La Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) del Indecopi confirmó en segunda y última instancia administrativa la decisión de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) de declarar infundadas las denuncias contra cuatro institutos especializados de salud del Estado que fueron denunciados por desarrollar presuntamente actividad empresarial.

Las denuncias fueron presentadas por la Clínica Santa Teresa y en ellas se cuestionaba que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ‘Dr. Eduardo Cáceres Graziani’ (INEN), el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) y el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) habrían desarrollado actividad empresarial estatal a través de la prestación del servicio de salud bajo Tarifario Diferenciado (SBTD) sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.

Y es que de acuerdo con los requisitos establecidos por el artículo 60 de la Constitución Política del Perú, el Estado solo puede realizar actividad empresarial cuando sea autorizado por ley expresa, actúe de manera subsidiaria y responda a un alto interés público o a una conveniencia nacional.

En ese sentido, la Secretaría Técnica de la CCD inició los procedimientos y luego de una investigación declaró infundadas las denuncias pues verificó que en el mercado no existe establecimiento de salud privado que ofrezca los servicios del INEN, INSN, INMP y el INO, bajo la misma complejidad, especialización y categoría que el prestado por la denunciante, por lo que estas instituciones del Estado eran los únicos agentes en dichos mercados.

De este modo al ser apeladas las decisiones de la CCD, la SDC emitió cuatro resoluciones en las que constató el carácter subsidiario de la actividad cuestionada e identificó las dificultades administrativas que impedían que, en un corto plazo, un nuevo agente económico pudiese obtener el grado de especialización alcanzado por el INEN, INSN, INMP y el INO, debido a que se requiere una significativa inversión en infraestructura, equipamiento y recursos humanos.

Adicionalmente, la SDC consideró que las referidas actividades respondían a un alto interés público, puesto que el artículo 2 de la Ley del Ministerio de Salud (Ley N° 27567), disponía la prestación de servicios de salud, a través de sus institutos especializados, para poder lograr el desarrollo de la persona humana y así conseguir la protección del bien jurídico de la vida y la persona como fin supremo.

“En consecuencia y, en virtud al análisis realizado, la SDC concluyó que, adicionalmente, a que cuentan con una ley habilitante, las actividades empresariales que durante el periodo de análisis realizaron al INEN, INMP, INSN e INO, a través del SBTD, cumplieron con el requisito de subsidiaridad y se sustentaron en un alto interés público; de esta forma, cumplió con todos los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú”, precisó el Indecopi.


Fuente: Gestión