La corrupción en el Perú ha alcanzado niveles críticos, hasta el punto de que los ciudadanos han comenzado a normalizarla como parte de su realidad cotidiana. Según el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, la sociedad se ha adaptado gradualmente a un sistema donde las irregularidades administrativas se han convertido en prácticas habituales.
En Razón Libre de Pachamama Radio, señaló que el sistema de justicia presenta graves deficiencias que socavan su credibilidad institucional. Casos emblemáticos, como el de los mineros en Puno, revelan posibles irregularidades que involucran a funcionarios judiciales en prácticas de lavado y extorsión. Esta situación genera un ambiente de profunda desconfianza y desprotección para los ciudadanos comunes.
La percepción social indica que cualquier persona puede convertirse potencialmente en víctima de manipulaciones institucionales. Las carpetas fiscales y los procedimientos legales frecuentemente se utilizan como mecanismos de presión, colocando a los ciudadanos en una posición de constante vulnerabilidad entre la corrección legal y el riesgo de abuso, indicó.
La justicia, considerada un pilar fundamental para el desarrollo nacional, muestra signos de deterioro estructural. La ausencia de estrategias anticorrupción efectivas evidencia un problema sistémico que requiere transformaciones profundas. Para reconstruir la confianza ciudadana, es necesario implementar cambios significativos en las instituciones que garanticen transparencia y equidad, declaró.
