Crónica de análisis político y desarrollo agropecuario a días de las elecciones generales del 12 de abril de 2026
Hay una cifra que debería avergonzar a cada candidato presidencial que ha pisado un escenario de debate, que ha dado entrevistas en horario estelar, que ha prometido transformar el Perú: un litro de leche en el altiplano puneño cuesta un sol. Un sol. El precio de un caramelo en cualquier bodega de Miraflores.
Detrás de ese sol hay una familia que madrugó, que ordeñó, que cargó bidones en la oscuridad del frío andino. Hay una madre que vende 15 o 20 litros por día —cuando le va bien— y recibe 15 o 20 soles. Hay un padre que no sabe si el próximo ciclo agrícola valdrá el esfuerzo. Hay hijos que están mirando hacia la ciudad porque aquí, en este altiplano que alimentó civilizaciones, el Estado simplemente no aparece.
Esa es la realidad. Y en los debates presidenciales rumbo al 12 de abril, nadie la mencionó con nombre y apellido.
Los números que los candidatos no leyeron
El sector agropecuario representa aproximadamente el 7,6% del PBI nacional, pero alberga a más del 25% de la población económicamente activa del país, según cifras del INEI. Esa brecha no es casualidad: es la fotografía de una productividad históricamente deprimida por ausencia de tecnificación, infraestructura vial precaria, mercados fragmentados e institucionalidad agraria inexistente en el territorio.
El Perú tiene más de 2,2 millones de unidades agropecuarias, según el Censo Nacional Agropecuario. De ellas, el 70% conduce superficies menores a 5 hectáreas. Son minifundistas. Son campesinos. Son ganaderos del altiplano que venden su leche a un sol el litro porque no tienen dónde más venderla, porque no hay planta procesadora cerca, porque no hay asociatividad real, porque el Estado —que debería articular todo eso— brilla por su ausencia.
La pobreza rural en el Perú alcanza al 39,8% de la población del campo, frente al 13,9% urbano, según el INEI. En regiones como Puno, Huancavelica o Ayacucho, esa cifra supera el 50%. No es estadística abstracta: es el comunero de San Juan de Salinas que cruza una carretera destruida cada domingo para vender cañihua a precio de regalo.
Debates sin campo: el gran ausentismo temático
Se realizaron debates presidenciales. Se cruzaron acusaciones, se lanzaron cifras macroeconómicas, se habló de seguridad ciudadana, de economía formal, de inversión privada. Pero el agro peruano —ese sector que sostiene la seguridad alimentaria del país, que preserva biodiversidad única en el mundo, que mantiene vivas comunidades enteras en la sierra y la selva— apenas mereció menciones de relleno, palabras de protocolo, promesas sin sustento técnico.
Ningún candidato presentó una propuesta articulada de cadenas de valor agropecuarias. Ninguno habló de precio mínimo garantizado para cultivos andinos como la quinua, la cañihua o la papa nativa. Ninguno comprometió un plan real de tecnificación. Ninguno explicó cómo piensa transformar el MIDAGRI —ese ministerio que hoy existe como un cuadro en la pared, como un sello en papel membretado que nunca llega a las comunidades— en una entidad con presencia territorial real.
Porque el MIDAGRI, con un presupuesto institucional que en 2025 superó los 4.500 millones de soles, tiene una cobertura efectiva en comunidades campesinas que bordea el escándalo: sus técnicos no llegan, sus programas no funcionan, sus estadísticas no coinciden con la realidad del campo. Es un ministerio diseñado para gestionar planillas, no para generar desarrollo.
El lobby que sí tiene voz: las agroexportadoras
Mientras el pequeño productor vende su leche a un sol, las grandes empresas agroexportadoras —espárrago, arándano, uva, palta— facturaron más de 8.000 millones de dólares en exportaciones agrícolas en 2024, según datos de ADEX y el BCRP. Un número extraordinario. Un éxito exportador real. Pero con un reparto de beneficios que deja al descubierto la estructura de un modelo que privilegia al capital intensivo sobre el trabajo campesino.
El Congreso que termina su mandato aprobó condonaciones, beneficios tributarios y regímenes laborales especiales que favorecieron a este sector agroindustrial con recursos que, en cifras acumuladas, representan miles de millones en ventajas competitivas. El lobby funciona porque tiene dinero, tiene abogados, tiene acceso a los despachos ministeriales. El ganadero del altiplano tiene sus botas de jebe y su fe en que llueva a tiempo.
No se trata de enfrentar a unos contra otros. Se trata de equilibrio. Se trata de que el Estado peruano, que dice representar a todos, también diseñe políticas con la misma energía para el productor de subsistencia que para la agroexportadora de Ica.
Candidatos al Congreso: el otro gran olvido
La situación en la carrera por la Cámara de Diputados y el Senado no es mejor. Los candidatos por circunscripciones rurales —Puno, Cusco, Apurímac, Huancavelica— en su mayoría han competido con lógicas de reparto de favores, con listas armadas en Lima, con promesas que no conocen la geografía del territorio que dicen representar.
Un legislador que nunca ha cultivado una chacra, que nunca ha esperado precio en una feria dominical, que nunca ha sentido el frío de las 4 de la mañana ordeñando bajo granizo, difícilmente va a priorizar en el Pleno una Ley de Semillas Andinas, un Fondo de Garantía, o una norma que regule el precio de acopio de productos lácteos en zonas altoandinas.
Y así se cierra el círculo: sin representación legislativa real, sin ejecutivo comprometido, sin ministerio operativo, el productor agropecuario peruano entra a un nuevo ciclo electoral exactamente igual que salió del anterior: solo, con sus manos y sus semillas, esperando que Dios mande lluvia, porque del Estado ya aprendió a no esperar nada.
El costo del abandono: una economía familiar que no cierra
Hagamos el ejercicio que ningún candidato hizo en los debates. Una familia ganadera del altiplano que vende 20 litros diarios de leche a S/ 1,00 genera S/ 600 mensuales brutos. Descuenta insumos, transporte por una carretera destruida, tiempo de trabajo y costo de oportunidad: el ingreso neto real no supera los S/ 300 o S/ 400 mensuales por familia. Eso es menos de 110 dólares al mes.
La línea de pobreza monetaria en el Perú rural está en aproximadamente S/ 430 per cápita mensual según el INEI. Es decir, una familia de cuatro miembros necesita superar los S/ 1.720 mensuales para no ser considerada pobre. Con S/ 400 de la leche y quizá S/ 200 adicionales de ventas agrícolas estacionales, están muy por debajo.
¿Qué hace esa familia? Lo que ya sabemos: migra. O se queda, pero manda a sus hijos a la ciudad. El campo se vacía no porque la gente no quiera quedarse, sino porque quedarse significa condenarse a una economía que no cierra.
Lo que un plan serio debería contemplar
Desde la perspectiva del desarrollo productivo, las soluciones existen. No son secreto académico. Son políticas que otros países latinoamericanos han implementado con resultados medibles:
- Precio de referencia mínimo para productos lácteos en zonas de alta pobreza, similar al modelo colombiano de precio de sustentación
- Centros de acopio y procesamiento comunal financiados por el Estado, que permitan agregar valor antes de llegar al intermediario
- Maquinaria agrícola compartida mediante programas municipales o regionales de mecanización, como los que Bolivia implementó entre 2010 y 2018 con resultados documentados en productividad
- Asistencia técnica territorial real: no técnicos en oficina, sino profesionales agropecuarios con presencia permanente en las comunidades
- Mercados rurales fijos con infraestructura básica que elimine la dependencia de la feria semanal como único canal de comercialización
- Seguro agrícola subsidiado para pequeños productores frente a heladas, sequías y granizadas, fenómenos que el cambio climático está intensificando en el altiplano
Nada de esto apareció en los debates. Nada de esto fue prometido con detalle. Nada de esto parece ser prioridad de quien gane el 12 de abril.
El voto del campo: obligado, desencantado, ignorado
Hay algo profundamente injusto en pedir el voto de quien has ignorado durante años. Los productores agropecuarios del Perú están obligados a votar —la multa por no hacerlo golpea más a quien tiene menos— pero muchos ya no creen que ese voto cambie algo. Han visto pasar gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, tecnocráticos y populistas. El litro de leche sigue costando un sol. La carretera sigue llena de baches. El MIDAGRI sigue sin aparecer.
Ese desencanto no es apatía. Es una conclusión racional construida desde la experiencia. Es la respuesta lógica de quien ha esperado y no ha recibido. Y es, también, una advertencia política que el próximo gobierno ignorará bajo su propio riesgo: un campo empobrecido, despoblado y desarticulado es una bomba de tiempo social y alimentaria.
Una exigencia, no una súplica
A los candidatos a la presidencia, a los aspirantes al Senado y la Cámara de Diputados, les queda poco tiempo antes del 12 de abril. Todavía pueden hacer algo más que promesas genéricas. Pueden comprometerse con cifras, con plazos, con mecanismos concretos.
No se trata de caridad. Se trata de política pública inteligente. Un sector agropecuario tecnificado, articulado al mercado y con ingresos dignos genera consumo interno, reduce migración, fortalece la seguridad alimentaria y disminuye la presión sobre los servicios urbanos. Es inversión con retorno nacional.
El ganadero que ordeña en el altiplano a cuatro mil metros de altitud, con las manos heladas y el alma templada, no pide milagros. Pide precio justo, camino transitable, asistencia técnica y un Estado que recuerde que existe. Pide lo mínimo que cualquier ciudadano merece.
Y mientras espera —porque el campo sabe esperar, lo ha hecho por siglos— el sol saldrá mañana sobre la misma chacra, el mismo ganado, la misma promesa incumplida.
La pregunta es cuánto tiempo más puede esperar un país que se dice en desarrollo, pero abandona a los que desarrollan su tierra con las manos.
Análisis elaborado desde el altiplano puneño, con datos del INEI, BCRP, MIDAGRI, ADEX y testimonio directo de productores agropecuarios de las provincias de Azángaro y San Juan de Salinas, Puno.
