El Poder Judicial suspendió el traslado del Centro de Salud Metropolitano de Puno porque el Gobierno Regional presentó un plan de actividades en lugar del plan de contingencia exigido por la normativa sanitaria, el establecimiento atiende más de 55 mil pacientes y enfrenta una emergencia activa por sarampión, según explicó el abogado Tirso Vargas, defensor del personal asistencial.
La resolución judicial exige que el nuevo local cumpla condiciones sanitarias verificables antes de cualquier traslado, aplicando el Decreto Supremo 08-2026 y normas sanitarias vigentes, lo que obliga al Gobierno Regional a subsanar el plan de contingencia y acreditar que el inmueble elegido reúne los requisitos mínimos.
«Los médicos me dicen, doctor, ¿qué hago si se me muere un paciente?, no me van a demandar al Gobierno Regional, me van a demandar a mí», reveló Vargas, explicando que el personal asistencial, no el administrativo, interpuso la medida cautelar por temor a responsabilidad penal directa.
Emergencia sanitaria como factor determinante
El sarampión está decretado como emergencia sanitaria por el Gobierno Nacional, con pacientes ingresando activamente al Metropolitano en estos momentos, lo que coloca cualquier traslado apresurado en el mismo nivel de riesgo que representó el COVID-19 para el sistema de salud regional.
El abogado precisó que la resolución judicial es expresa al señalar que aplica tanto al inmueble de Jirón y Ilave como a cualquier otro local alternativo, el Gobierno Regional debe informar al juzgado sobre el nuevo inmueble elegido antes de proceder con la desocupación bajo cualquier modalidad.
El Metropolitano funciona como cabecera de atención de más de 19 colegios de la ciudad, una interrupción del servicio durante el traslado afectaría directamente la respuesta a la emergencia por sarampión, según argumentaron los médicos que respaldaron la medida cautelar ante el Poder Judicial.
Posición del abogado frente al conflicto
Vargas descartó que los trabajadores se opongan a la construcción del hospital, aclarando que la medida cautelar busca garantizar condiciones seguras durante el traslado, «el único enemigo es el sarampión, al único que hay que botar a patadas es al sarampión», afirmó, llamando a todas las partes a trabajar en conjunto.
El abogado consideró que el gobernador no ha minimizado la resolución judicial sino que aún la está analizando a través de su equipo legal, reconociendo que el propio gobernador admitió que el primer inmueble no reunía condiciones, lo que valida el argumento central de la medida cautelar.
Vargas proyectó una salida negociada una vez que el Gobierno Regional presente un plan de contingencia conforme a norma y acredite un local adecuado, pidiendo que el proceso sea lo más rápido posible para no prolongar la incertidumbre sobre la atención de los pacientes en plena emergencia sanitaria.
