La ciudadanía limeña afronta nuevas medidas de seguridad tras la declaración del estado de emergencia por parte del gobierno peruano para hacer frente al creciente índice de criminalidad que ha llevado a algunos legisladores a buscar la destitución del ministro del Interior.
El director nacional de policía, Victor Sanabria, anunció un incremento en los patrullajes en estaciones de tren y autobuses donde decenas de miles de personas se concentran cada mañana. El ejército peruano desplegará 1,000 soldados en Lima para vigilar áreas estratégicas y apoyar a la policía local.
A pesar de las nuevas medidas anunciadas, muchos residentes siguen sintiéndose inseguros, mientras los medios locales reportan poca presencia de seguridad adicional en las estaciones de transporte durante la mañana.
“Nos han abandonado y dejado a nuestra suerte”, expresó Pedro Quispe, residente local de 48 años, mientras esperaba un autobús que lo llevaría al centro de la ciudad. “Si te subes a un autobús te pueden disparar, si vas al trabajo, te pueden pedir pagos por extorsión”, añadió.
Crisis de seguridad y respuesta gubernamental
El gobierno peruano declaró el estado de emergencia el lunes cuando un grupo de legisladores preparaba un voto de no confianza contra el ministro del Interior, Juan José Santivañez, acusado de no frenar los crecientes niveles de delincuencia.
La moción en la asamblea nacional siguió a una ola de crímenes violentos durante el fin de semana, incluido el asesinato del popular cantante Paul Flores durante un ataque nocturno al autobús de su banda. En otro incidente, un objeto explotó en un restaurante de la capital el sábado, hiriendo al menos a 11 personas.
El estado de emergencia tendrá una duración prevista de 30 días y permitirá al gobierno suspender algunas libertades civiles, incluyendo el derecho de reunión, además de autorizar a la policía a registrar hogares sin órdenes judiciales y detener ciudadanos sin mandatos de jueces.
“Estamos en una situación donde hay un crecimiento exponencial de economías ilegales” como el narcotráfico, “y en la que hay un número creciente de grupos criminales internacionales” operando en el país, explicó el ex ministro del Interior Rubén Vargas.
Impacto económico y social
Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Empresas Privadas, un poderoso grupo empresarial, informó a la emisora local RPP que muchos pequeños empresarios en Lima se han visto obligados a realizar pagos por extorsión a grupos criminales.
En 2024 se registraron 2,057 asesinatos en Perú, en comparación con 674 en 2017, según estadísticas gubernamentales, mientras algunos analistas advierten que Perú podría experimentar pronto las altas tasas de criminalidad que se observan en Ecuador.
Según la fiscalía peruana, el año pasado se presentaron 22,800 denuncias de extorsión por parte de ciudadanos, cuatro veces más que en 2017, evidenciando la gravedad de la situación que enfrenta la capital y el país.
Una medida similar fue implementada de septiembre a diciembre, sin embargo, la crisis de seguridad ha continuado empeorando, llevando al gobierno a tomar nuevamente acciones extraordinarias para intentar controlar la situación en la capital peruana.
