La empresa constructora Covanor abandonó la primera etapa del proyecto integral de agua y alcantarillado en Juliaca, tras alcanzar apenas 72% de avance cuando debía concluir el 4 de agosto de 2025. Los trabajadores y proveedores denuncian falta de pago de salarios y alquiler de maquinaria, paralizando una obra valorizada en 4 millones de soles con 120 días calendario de ejecución, sin embargo, esta ya es su tercera ampliación.
Los trabajadores de Covanor permanecen paralizados desde finales de julio sin recibir salarios ni aportes a AFP. La empresa no ha proporcionado explicaciones oficiales sobre el abandono de la urbanización San Pablo. «Lo único que queremos es que nos den la cara y nos digan cuándo se reiniciarán los trabajos», declaró un representante obrero.
Los empleados denuncian irregularidades en el pago de aportes sindicales prometidos sin cumplir. «Siempre nos han dicho que lo van a depositar, pero hasta el día de hoy no se ha depositado», comentó otro trabajador afectado. La falta de comunicación empresarial ha aumentado la frustración y desesperación entre los empleados del proyecto de infraestructura urbana.
La empresa limeña Covanor fue acusada de carecer de capital suficiente para continuar las excavaciones necesarias del proyecto. «Covanor no tiene el dinero para hacer eso, para ejecutar ese tipo de proyectos y por eso se ha escapado», afirmó un trabajador. Esta situación dejó a los empleados en posición vulnerable sin opciones claras de solución inmediata.
Impacto en el desarrollo urbano de Juliaca
El abandono afecta directamente a más de 400,000 habitantes de Juliaca y San Miguel que esperaban acceso a servicios básicos. El proyecto integral, financiado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuenta con presupuesto total superior a 1,716 millones de soles. La paralización retrasa significativamente el desarrollo de infraestructura sanitaria en la región de San Román.
El congresista Carlos Zeballos había alertado en enero 2025 sobre serias complicaciones del proyecto cuando apenas tenía 22% de avance físico. «Esta empresa no tiene seriedad, no tiene capital, no tiene las maquinarias para poder ejecutar este tipo de proyectos», declaró Zeballos tras su fiscalización. Las observaciones anticiparon la crisis actual que atraviesa la primera etapa del ambicioso proyecto.
La comunidad juliaqueña expresó preocupación por el retraso en servicios básicos fundamentales para el crecimiento urbano. «Nuestra ciudad de Juliaca se perjudica porque por eso se está retrasando el inicio de las siguientes etapas», señaló un vecino afectado. El proyecto busca beneficiar al 80% de la población de la provincia de San Román con infraestructura sanitaria moderna.
Medidas legales y continuidad del megaproyecto
Los trabajadores y proveedores anunciaron un plantón para exigir derechos laborales y solución inmediata a la crisis contractual. «Vamos a coordinar justamente con los compañeros para ver si hacemos un plantón porque estamos exigiendo justos derechos», declaró un representante. La presión sobre autoridades locales y la empresa aumenta diariamente sin respuestas concretas del contratista.
La obra presenta la Solicitud de Prórroga número 03 por 45 días calendario, extendiendo originalmente hasta el 4 de agosto 2025. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre el futuro del proyecto tras el abandono empresarial. «Tenemos entendido que el día lunes se le va a rescindir el contrato a esta empresa», comentó un trabajador conocedor.
La empresa retiró maquinarias por temor a represalias, dejando trabajadores sin herramientas ni recursos para continuar labores. «Lo primero que hacen es sacar sus maquinarios, poner a buen resguardo sus maquinarias», declaró un proveedor afectado. Esta acción fue interpretada como protección de activos empresariales a expensas de responsabilidades laborales pendientes.
Las etapas 2, 3 y 4 del proyecto continúan su proceso de contratación pese a dudas sobre continuidad general. El Ministerio de Vivienda enfrenta el desafío de garantizar cumplimiento del megaproyecto tras el fracaso de Cobanor. La situación evidencia problemas estructurales en contratación de obras públicas de gran envergadura en el país.
Los afectados buscan apoyo de sociedad civil y autoridades para resolver la crisis laboral y contractual urgentemente. «Pedimos un llamado a la sociedad civil también para que vean este tema», declaró un trabajador desesperado. La falta de respuesta empresarial dejó a empleados sin opciones viables para recuperar salarios y beneficios laborales adeudados.
