El gerente de Prevención Seguridad y Ordenamiento de la Municipalidad Provincial de San Román, Elías Percy Quispe González, enfrenta graves denuncias por presuntamente cobrar sobornos a establecimientos a cambio de emitir certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Un video de 48 segundos revela cómo el funcionario insta a un administrado a acudir a su oficina en Cerro Colorado para «subsanar observaciones» sin necesidad de abogado. Dicha acción según especialista no está en sus funciones.
«Tienes cinco días para venir a la gerencia y coordinar cómo puedes hacer» declaró Quispe González durante una inspección no autorizada realizada el 8 de septiembre de 2025 en un hostal del jirón Talara.
El acta de constatación número 1 firmada por Quispe González demuestra que realizó verificaciones técnicas sin estar acreditado en el Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones (RITSE). Según el Decreto Supremo 002-2018-PCM y la Ley 30619 solo inspectores registrados pueden ejecutar estas inspecciones. El funcionario usurpa funciones al emitir resoluciones sin validez legal exponiendo a los administrados a procedimientos nulos y posibles sanciones administrativas y penales.
Testimonios señalan que Quispe González repite el esquema que ya aplicaba cuando era gerente de Fiscalización. «Va a los locales hace aparecer observaciones y al final pide que vayan a su oficina para arreglar» se lee en la denuncia pública. Los pagos ilegales asegurarían la emisión de resoluciones gerenciales mientras que los negocios que se niegan enfrentan trabas burocráticas interminables. «Al local que no le atraca le hace la vida imposible» advirtió un denunciante bajo anonimato.
La Ley 30057 y el Código de Ética de la Función Pública establecen que este tipo de actos constituyen infracción funcional y abuso de autoridad. El Código Penal Peruano tipifica estas acciones como usurpación de funciones falsedad ideológica y cohecho con penas que oscilan entre 2 y 15 años de prisión. La gravedad aumenta si se confirma que recibió beneficios económicos a cambio de certificados ITSE.
El Decreto Supremo 002-2018-PCM es claro: las inspecciones técnicas deben realizarlas inspectores acreditados en el RITSE. Quispe González al firmar actas y resoluciones sin competencia invalida todos los documentos emitidos y expone a la municipalidad a demandas civiles. «Cualquier acta emitida por una persona no acreditada carece de validez legal» recalca un experto en normativa municipal.
El hostal San Román ubicado en la urbanización Santa Rosa fue uno de los afectados. El acta número 1 detalla que el establecimiento no cumplía con los requisitos para el ITSE pero en lugar de derivar el caso a inspectores competentes Quispe González presionó al dueño para que acuda a su oficina. «No necesitas ni un abogado solo es un escrito» le dijo en el video que ya circula en redes sociales.
La Ley Orgánica de Municipalidades y la ordenanza 010-2016 exigen que las verificaciones técnicas las realicen profesionales inscritos en el RITSE. Quispe González al asumir este rol viola procedimientos y compromete la legalidad de los certificados emitidos. Su función como gerente se limita a coordinar y supervisar no a ejecutar inspecciones que requieren conocimientos técnicos específicos.
Denunciantes afirman que este modus operandi es repetitivo y continuo. «Ya hay locales que pagaron y recibieron su resolución» reveló la denuncia.
