Una investigación reciente ha revelado que 34 policías de la región de Puno y más de 434 a nivel nacional están vinculados a actividades de narcotráfico. Este escándalo, que ha sacudido a la Policía Nacional del Perú (PNP), fue descubierto a través de resoluciones del Tribunal de Disciplina entre 2019 y 2024. La modalidad más común de corrupción identificada es el “arranche”, donde los agentes simulan operativos para robar drogas incautadas.
La investigación, detalla cómo estos policías, distribuidos en diversas regiones como Lima, La Libertad, Ayacucho, Ucayali y Puno, han participado en actividades ilícitas. En Puno, 31 agentes están implicados, mientras que en otras regiones las cifras también son alarmantes. Estos efectivos no solo se dedicaban al robo de drogas, sino también a la microcomercialización y al transporte de estupefacientes hacia países vecinos.
“El arranche es una práctica recurrente”, explicó una fuente fiscal. “Los policías interceptan a los narcotraficantes, les quitan la droga y luego la venden ellos mismos”. Esta modalidad se ha detectado principalmente en zonas fronterizas como Puno, Madre de Dios y Tacna. Además, algunos agentes han proporcionado seguridad a organizaciones criminales y filtrado información sobre operativos antidrogas.
El informe destaca que el 89% de los agentes sancionados son suboficiales, pero también hay implicados de rangos superiores, incluyendo alféreces, tenientes, capitanes, mayores, comandantes e incluso coroneles. Muchos de estos policías tenían antecedentes en la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro), lo que les permitió acceder a información sensible y rutas clave del narcotráfico.
“Gran parte de los efectivos comprometidos han trabajado en la Dirandro”, señaló el fiscal provincial Ricardo Yampara. “Esto les ha permitido conocer la ruta de la droga y tener información de inteligencia”. Esta situación es particularmente grave en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una de las zonas más afectadas por el narcotráfico en el país.
En el Vraem, se han registrado múltiples irregularidades, incluyendo la alteración de la cadena de custodia, la pérdida de evidencias y la manipulación de pruebas. Entre 2018 y 2025, se han realizado 209 detenciones por tráfico ilícito de drogas en esta zona. Solo en los primeros meses de 2025, se incautaron dos toneladas de alcaloide de cocaína y se destruyeron 25 laboratorios clandestinos.
Las investigaciones fiscales revelan un patrón consistente de corrupción. Entre 2020 y 2025, más de 120 policías fueron procesados por tráfico de drogas, con solo cuatro absueltos. Puno lidera la lista con 29 efectivos bajo investigación, seguido de cerca por Ayacucho, Loreto y otras regiones. Estas cifras contrastan con los datos del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), que reportó solo 16 agentes denunciados entre enero de 2020 y abril de 2025.
El fiscal Yampara también señaló que los policías son atraídos por sobornos y beneficios, interviniendo en prisiones, puertos, aeropuertos y vías terrestres. “Aprovechan su posición para eludir controles y facilitar actividades ilícitas”, explicó. Esta red de corrupción ha permitido que el narcotráfico se extienda y consolide en diversas regiones del país.
El escándalo ha puesto en evidencia la necesidad de una reforma profunda en la PNP para combatir la corrupción y restaurar la confianza en la institución. Las autoridades han prometido tomar medidas drásticas para erradicar estas prácticas y sancionar a los responsables, pero el camino hacia la recuperación de la integridad policial será largo y difícil.
