La Fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza Valenzuela, denunció durante una entrevista exclusiva con Pachamama Radio las razones de su suspensión. «Se me ha suspendido de manera totalmente inconstitucional» por negarse a reponer a Patricia Benavides, quien estaba legalmente destituida por el caso Valkiria.
La suspensión surgió tras rechazar una orden de la Junta Nacional de Justicia para entregar el cargo de Fiscal de la Nación a Benavides. «Como producto de no haber obedecido una resolución» ilegal, explicó Espinoza. La Junta le ordenó ceder el cargo a una fiscal que permanecía destituida.
Benavides había sido «válidamente destituida por estar involucrada en un caso de corrupción que se descubrió en el año 2022, el famoso caso Valkiria«, y es la propia Junta Nacional de Justicia que la destituyó por este caso de corrupción. Tras esta destitución, la Junta de Fiscales Supremos eligió a Espinoza para el período 2024-2027.
Denuncia clara politización en la decisión de la JNJ
«Se ha politizado por parte de la Junta Nacional de Justicia», declaró categóricamente Espinoza sobre su caso. El presidente Gino Ríos Patio «ha sido procurador en el gobierno aprista» bajo Alan García, designado por Jorge del Castillo, quien era abogado de Patricia Benavides en ese momento.
La vicepresidenta María Teresa Cabrera «es una persona que ha sido congresista por el partido Podemos». «Los vínculos están claros y son públicos», enfatizó la fiscal suspendida. Estos antecedentes políticos comprometen la imparcialidad de las decisiones institucionales contra su persona.
«En qué sentido se ha politizado», se preguntó Espinoza retóricamente. El Congreso «archivaron todas las denuncias sin evaluarlas» contra estos funcionarios por inconstitucionalidad. «Eso qué significa? Blindaje. Eso significa impunidad», denunció sobre el comportamiento legislativo.
Venganza institucional por investigaciones anticorrupción masivas
«Esto, en todo caso, es un castigo público» por investigar autoridades, declaró Espinoza sobre la verdadera motivación. «Por mi trabajo de venir investigando hasta la fecha a 107 congresistas» por graves delitos de corrupción y criminalidad organizada, considera que generó incomodidad política.
«La misma presidente de la República no ha dudado en salir a hablar de manera crítica» contra el Ministerio Público. «Se han sentido perseguidos» por las investigaciones objetivas, explicó Espinoza. Las pesquisas incluyen lavado de activos y diversos tipos de delitos organizados.
El congresista Américo Gonza «es uno de los congresistas de los 107 que ha tenido investigaciones» con denuncia constitucional. «Está con una denuncia constitucional por el famoso caso» de los denominados niños, ejemplificó Espinoza sobre los casos investigados.
Casos específicos contra altas autoridades del Estado
«Soy incómoda para los señores políticos» que debe investigar por sus funciones, reconoció Espinoza. El ministro de Justicia Santibáñez tiene procedimientos abiertos por «presuntos actos de corrupción» mediante audios verificados. «Ya se logró establecer la veracidad» de las pruebas contra el funcionario.
«Ya he denunciado constitucionalmente» al ministro, adelantó Espinoza sobre acciones legales futuras. «Si hay una prueba hay que proceder», declaró sobre su metodología de trabajo. Las investigaciones incluyen ministros, congresistas y miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Espinoza había presentado solicitud para declarar ilegal al partido fujimorista por conducta antidemocrática. Esta acción coincide temporalmente con su suspensión, generando especulaciones sobre motivaciones políticas. «Los investigados siempre van a querer desmerecer» el trabajo fiscal, explicó.
