Una deuda millonaria que supera el millón 250 mil soles marca el fin de una ocupación irregular que se extendió por más de una década. La Sociedad de Beneficencia Pública de Puno recuperó formalmente el inmueble del jirón Arequipa, donde EsSalud operó sin contrato vigente desde 2017, tras funcionar como CAP III Metropolitano durante años sin cumplir sus obligaciones de pago.
La presidenta del directorio, Marilyn Lanza Arocutipa, confirmó que la presión mediática obligó a EsSalud a entregar el local de manera oficial. La entidad inicialmente pretendía abandonar el inmueble silenciosamente para evitar el lanzamiento judicial por ser inquilino precario, una situación que evidenció la falta de transparencia institucional.
El proceso de entrega reveló ausencias significativas de funcionarios de alto rango de EsSalud. Únicamente personal de asesoría legal participó en el acto, mientras que el gerente Richard Escobar habría viajado a Lima supuestamente para buscar soluciones al conflicto económico, compromiso que finalmente no se materializó.
La resolución de desalojo emitida el 14 de agosto marcó el inicio del proceso legal definitivo. Aunque EsSalud retiró sus bienes antes del plazo establecido, no estableció ningún compromiso concreto de pago, situación que motivó el anuncio de acciones judiciales por parte de la beneficencia puneña.
La inspección posterior al retiro mostró modificaciones no autorizadas, vidrios rotos y puertas retiradas del inmueble. La falta de conexiones eléctricas en el último piso y deficiencias en limpieza incrementaron los costos de rehabilitación que deberá asumir la Sociedad de Beneficencia para dar uso comercial al espacio.
Lanza Arocutipa informó que varias instituciones ya solicitaron arrendar el local recuperado. Sin embargo, los gastos de mantenimiento y reparación retrasarán el aprovechamiento comercial inmediato del inmueble, generando pérdidas adicionales para la entidad benefactora.
La deuda acumulada limita gravemente la capacidad operativa de la institución. Los programas del Centro de Atención Residencial para madres adolescentes víctimas de violencia y el centro geronto-geriátrico San Salvador operan con recursos limitados que impiden ampliar su cobertura.
