El Senado uruguayo aprobó el miércoles una ley histórica que despenaliza la eutanasia con 20 votos favorables de 31 senadores. La legislación convierte a Uruguay en el primer país latinoamericano en permitir esta práctica mediante ley nacional. Los pacientes con enfermedades incurables que causan sufrimiento insoportable podrán solicitar ayuda médica para morir, incluso sin diagnóstico terminal. Colombia y Ecuador habían despenalizado la eutanasia solo mediante decisiones judiciales de sus cortes supremas.
El proyecto atravesó cinco años de debates intensos antes de superar su obstáculo final en la Cámara Alta. La Cámara Baja había respaldado la iniciativa en agosto con mayoría amplia. La principal oposición provino de la Iglesia Católica, aunque la secularización erosionó resistencias en esta nación de 3,5 millones de habitantes. Uruguay prohíbe mencionar a Dios en juramentos oficiales y declara la Navidad como «Día de la Familia», evidenciando su carácter laico.
La aprobación consolida la reputación uruguaya como líder en liberalismo social regional. El país legalizó pioneramente la marihuana recreativa y aprobó hace más de una década leyes sobre matrimonio igualitario y aborto. Activismo enérgico y debates intensos sobre eutanasia han sacudido recientemente América Latina. En Chile, el presidente Gabriel Boric reanudó la tramitación de un proyecto similar estancado en el Senado desde hace tiempo.
Uruguay establece modelo sin límites temporales para enfermos graves
La legislación uruguaya permite únicamente la eutanasia realizada por profesionales sanitarios, no el suicidio asistido autoadministrado. A diferencia de leyes en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda que restringen la práctica a enfermos con seis meses o un año de vida, Uruguay no establece límites temporales específicos. Cualquier persona con enfermedad incurable causante de sufrimiento insoportable puede solicitarla, independientemente de su pronóstico vital.
Uruguay exige que los solicitantes sean mentalmente competentes para tomar esta decisión trascendental. Dos médicos deben determinar que están «psicológicamente aptos» para decidir sobre su muerte asistida. La ley no prohíbe directamente la eutanasia para quienes padecen trastornos mentales como depresión, aunque requiere evaluación psicológica rigurosa. Esta flexibilidad distingue al marco legal uruguayo de legislaciones más restrictivas internacionalmente.
La región latinoamericana, predominantemente católica, experimenta transformaciones en políticas sobre derechos individuales y autonomía médica. Uruguay lidera este cambio con legislación progresista que reconoce el derecho individual sobre decisiones vitales finales. La aprobación señala un hito en debates éticos sobre dignidad, sufrimiento y autonomía personal que continuarán moldeando políticas públicas regionales. Colombia, Ecuador y potencialmente Chile seguirán desarrollando marcos legales propios sobre esta práctica controversial.
