El 29 de noviembre, el entonces consejero regional por la provincia de San Antonio de Putina, José Luis Borda Cahua, fue sentenciado a una pena privativa de libertad de tres años y 11 meses con carácter de suspendida, por los delitos de tráfico de influencias; además se le impuso una inhabilitación de cinco años y siete meses para ejercer cargos públicos y una reparación civil de 6000 soles.
Ello, tras haber sido detenido cinco días antes, es decir, el 24 de noviembre, por la policía de la Dirección Contra la Corrupción, el hecho ocurrió cuando el fiscalizador regional participaba en la sesión ordinaria del Consejo Regional de Puno.
La sentencia fue tras los hechos ocurridos en el mes de junio del año en curso, el investigado quien se desempeñaba como consejero, habría solicitado al nuevo director de la Red de Salud Huancané, antes de que este asuma el cargo, comprometerse a la designación de personal que iba a proponerle, para los procesos de adquisición de bienes y servicios en esta entidad.
A cambio, el entonces consejero ofreció interceder ante la presidencia del Gobierno Regional de Puno, para que se concrete dicha designación, la misma que se dio, y ante ello, el imputado solicitó además al director, le entregue una carta de renuncia, firmada, con su huella digital y sin fecha, a fin de que le sirva como garantía por si no cumplía con sus requerimientos.
Días después, el Consejo Regional de Puno acordó ‘vacar’ al entonces consejero, dejando así a la provincia de San Antonio de Putina sin representante en el órgano regional.
