Una grave situación de inseguridad afecta al exconsejero regional por la provincia de San Román, Isidro Pacohuanaco. Ha sido víctima de un pedido de extorsión por 100 mil soles. Las amenazas se volvieron alarmantes cuando desconocidos efectuaron disparos contra su domicilio, generando pánico y preocupación por la seguridad de su familia.
El martes por la noche, todo comenzó. Aproximadamente a las once de la noche, su casa recibió impactos de bala. Minutos después, iniciaron las llamadas exigiendo dinero. Un hecho inusual, pues primero fue la agresión directa y luego la extorsión, cuando lo común es lo contrario.
La suma exigida llegó a los 100 mil soles. Ayer era el último día fijado para realizar el pago. El exconsejero manifiesta no haber cedido a esta demanda.
Para el cobro, los extorsionadores enviaron un número de cuenta bancaria del BCP. El exconsejero relató que realizaron un depósito mínimo para verificar si la cuenta estaba activa y confirmar la existencia de la misma.
La cuenta bancaria sí existe y pertenece a un ciudadano llamado Rodríguez Palacios Leo Franco. La información disponible indica que esta persona registra un historial limpio en la fiscalía, sin denuncias.
Adicionalmente, el número de celular desde el que se realiza la extorsión pertenece a la señora o señorita Flores Hasturín Maribel. Se ha informado que esta persona fue proveedora en la zona norte del país. Se espera que la policía determine su posible implicación y cómo obtuvo este número.
Las amenazas se mantuvieron activas hasta el día de ayer. Incluso, el número de WhatsApp utilizado por los extorsionadores seguía encendido anoche. A pesar de las solicitudes, la geolocalización del número presenta demoras.
Pacohuanaco considera dos posibles móviles detrás de estos actos. Piensa, en primer lugar, que podría ser una extorsión organizada al estilo de las que ocurren en la capital. Su segunda sospecha apunta a un posible trasfondo político vinculado a la gestión regional o a personas relacionadas con proveedores.
El exconsejero cree que estos actos obedecen a su postura crítica sobre temas regionales y sus publicaciones. Menciona que, al expresar sus opiniones, ha recibido amenazas previas de personas no identificadas. Su accionar público se debe a que funcionarios regionales mencionan su nombre y le atribuyen responsabilidades en la gestión.
Ha presentado las denuncias formales ante las autoridades competentes. Sin embargo, expresa inquietud por la lentitud en las acciones de la policía, mientras su familia se encuentra afectada y resguardada. Solicitó garantías personales y pide a las autoridades investigar a fondo este caso que considera una señal de alerta para otros ciudadanos.
