Dos reconocidos especialistas colombianos visitaron Lima para presentar sus trabajos sobre la lucha contra las economías criminales ante diversas entidades estatales, la sociedad civil y el sector privado peruano. Víctor Hugo Guerra, editor del libro «Economías criminales: enfoques multidimensionales», y el general retirado Juan Carlos Buitrago, con vasta experiencia en la Policía Nacional de Colombia, compartieron valiosos aportes producto de años de estudio sobre este fenómeno en su país.
Guerra resaltó el papel fundamental que deben asumir las empresas privadas en esta lucha, en alianza con el Estado y la sociedad. «Las compañías tienen información, recursos y la posibilidad de cooperar con las fuerzas del orden, además de educar a la ciudadanía», explicó.
Por su parte, Buitrago enfatizó la relevancia de la inteligencia y la investigación criminal para desarticular a las grandes mafias motivadas por el dinero ilícito. Mencionó casos emblemáticos de encubrimiento en reconocidas entidades financieras como el banco de Andorra, que en 2015 fue intervenido por las autoridades estadounidenses al descubrirse que facilitaba el lavado de capitales de organizaciones criminales rusas, chinas y venezolanas.
Otro caso conocido fue el del banco británico HSBC, multado en 2012 con 1.900 millones de dólares por permitir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico mexicano y violaciones a las sanciones contra países como Irán y Sudán. «Estos ejemplos demuestran cómo algunas instituciones financieras de renombre han sido cómplices de las economías criminales, priorizando sus ganancias sobre la ética y la ley», enfatizó Buitrago.
Ambos expertos coincidieron en que las economías criminales constituyen un desafío transnacional que requiere una respuesta coordinada entre gobiernos, abordándolo de manera multidimensional: regulación, aduanas, policía, entre otros frentes.
La formación de profesionales expertos en inteligencia estratégica y operativa fue resaltada por Buitrago como clave para comprender fenómenos como la minería ilegal y definir estrategias efectivas contra estas redes delictivas que penetran incluso en el sistema financiero internacional.
En cuanto a la experiencia colombiana, los ponentes explicaron que ante grandes amenazas como el narcotráfico y el terrorismo, todas las instituciones del Estado debieron fortalecer capacidades y movilizar esfuerzos conjuntos para responder a estas amenazas multidimensionales.
Sin embargo, en el caso peruano, pese a los esfuerzos conjuntos en zonas de emergencia, persisten dificultades para coordinar eficientemente la lucha contra actividades ilegales que financian grupos violentos, revelando el desafío de superar los «egos» institucionales.
Los expertos colombianos enfatizaron que la clave radica en la cooperación multisectorial coordinada entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, superando los «egos» institucionales y tomando como ejemplo las lecciones aprendidas en su país. «La inteligencia estratégica permite al Estado compartir información con las empresas para que estas contraten servicios de consultoría en inteligencia y cooperen en la desarticulación del crimen organizado», puntualizó Guerra.
