Augusto Condori Quispe, expresidente de la Asociación de Abogados de la provincia de San Román en la región Puno, cuestionó la disputa de poder entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por la Fiscalía de la Nación, considerando que esta situación genera una «imagen negativa» al Ministerio Público y debe resolverse mediante el diálogo institucional.
La controversia surgió cuando la Junta Nacional de Justicia (JNJ) repuso a Patricia Benavides como Fiscal Suprema, mientras que Delia Espinoza había sido nombrada Fiscal de la Nación por acuerdo de los Fiscales Supremos, creando una confrontación por el control de la máxima institución del sistema de justicia penal en el país.
Condori Quispe expresó su preocupación por el retorno de una fiscal investigada por presuntos delitos de organización criminal, uso indebido de recursos públicos del Ministerio Público y favoritismo hacia algunos congresistas en procesos judiciales, considerando que afecta la credibilidad institucional del organismo autónomo.
El abogado puneño destacó especialmente la demora en investigaciones urgentes como los asesinatos ocurridos el 9 de enero de 2023 en la región de Puno, sugiriendo que la gestión de Benavides habría dilatado procesos de gran relevancia social y política para la población de esa zona del altiplano.
«Nosotros consideramos que este actuar de la señora Patricia da una imagen negativa al Ministerio Público», declaró Condori durante una entrevista, enfatizando que la disputa del poder judicial requiere una solución inmediata para preservar la institucionalidad y el prestigio del sistema de justicia nacional.
El jurista puneño reconoció que las investigaciones contra Benavides son independientes de su restitución ordenada por la Junta Nacional de Justicia, pero subrayó que un cargo de tal jerarquía requiere «una persona con una moral intachable» que genere confianza ciudadana en la administración de justicia.
Condori aplicó el principio de presunción de inocencia al caso de la fiscal, indicando que «nos consideramos inocentes mientras no nos prueben lo contrario mediante proceso judicial y sentencia», aunque mantuvo su posición crítica sobre la idoneidad para ejercer el cargo máximo del Ministerio Público.
La situación evidencia posibles «intereses políticos y sociales» detrás de la disputa, incluyendo presiones del Congreso de la República, según las especulaciones del abogado punño, quien considera que estos factores externos podrían estar influyendo en las decisiones institucionales del sistema de justicia peruano.
El expresidente de la asociación gremial instó a que la Junta de Fiscales Supremos tome «los acuerdos respectivos» para designar como titular de la Fiscalía de la Nación a «una persona proba e intachable», priorizando el bienestar institucional sobre consideraciones políticas o personales.
