El exjefe de Oficina Defensorial de Puno, Jacinto Ticona Huamán, afirmó que las rondas campesinas ejercen justicia como una forma de poder, pero subrayó que ese poder no puede ser ilimitado y que los derechos humanos marcan el límite fundamental para sus actuaciones, por lo que, si alguna acción supera ese límite, debe ser analizada con profundidad para determinar su validez.
Ticona Huamán explicó que las rondas campesinas son una organización clave en la región y el país, que ayudan a combatir la delincuencia y aplican justicia comunitaria, respaldadas por la Constitución, el Convenio 169 de la OIT, y su propia normativa, lo que les otorga un marco legal para su funcionamiento.
El exdefensor aclaró que, aunque las rondas cumplen un rol importante, como cualquier institución formada por personas, pueden cometer errores y fallas, pero resaltó que esas situaciones no representan la norma habitual en su accionar.
Ticona Huamán indicó que las personas que consideren que sus derechos fueron vulnerados por la justicia comunitaria tienen la posibilidad de recurrir a la vía legal, presentando un amparo ante un juez constitucional para buscar protección y justicia.
El exrepresentante recordó que ya existen casos que llegaron hasta el Tribunal Constitucional, cerca de siete, donde se ha revisado si las acciones de las rondas respetaron los derechos humanos y los límites legales establecidos.
Finalmente, Jacinto Ticona enfatizó que el respeto a los derechos humanos es esencial para que la justicia impartida por las rondas campesinas mantenga su legitimidad y que cualquier acción que los sobrepase debe ser objeto de un análisis riguroso para proteger a la población.
