Facultades Legislativas por 120 días
El Ejecutivo pide legislar por decreto durante 120 días
La Presidencia envió al Congreso un proyecto para delegar facultades legislativas en nueve grandes materias: desde seguridad ciudadana hasta régimen tributario. Aquí se desglosa qué pide cada materia, a quién beneficia, a quién puede perjudicar y qué vigilar.
Las nueve materias, tarjeta por tarjeta
Toca cualquier tarjeta para ver el detalle: qué cambia, quién gana, quién debe estar atento y el balance de riesgo frente a beneficio.
Comparativa rápida
Una vista de conjunto de las nueve materias: qué tan amplia es la delegación, el tipo de impacto esperado y el punto que más debate genera.
| Materia | Amplitud | Impacto esperado | Punto de mayor debate |
|---|
La delegación en números
Qué tan cargada está cada materia y cómo se reparte el riesgo percibido frente al beneficio esperado.
Peso normativo por materia
Cantidad aprox. de normas
Balance riesgo / beneficio
0 = mayor riesgo, 100 = mayor beneficio
¿Qué sigue?
La ruta que debería seguir el proyecto hasta convertirse en decretos legislativos.
Lo que el proyecto omite, pese a ser "muy urgente"
Una ley calificada como urgente revela sus prioridades tanto por lo que incluye como por lo que deja fuera. Esto es lo que no aparece en el texto del oficio, verificado línea por línea.
Ausencias confirmadas en el texto
El documento revisado (Oficio N° 245-2026-PR) no contiene ninguna disposición sobre:
Esta ausencia es, en sí misma, información: mientras se pide "carácter muy urgente" para dar seguridad jurídica a inversiones en minería, energía e hidrocarburos, no se declara ninguna urgencia equivalente para emergencias climáticas, salud o educación —áreas que si requieren respuesta inmediata en el contexto actual del país.
Sobre el RUS y el RER
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció una reforma para modificar y actualizar el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen Especial de Renta (RER). Sin embargo, el texto del proyecto de ley no menciona explícitamente al RUS ni al RER. El bloque tributario habilita de manera genérica a "simplificar los regímenes tributarios de las empresas", lo que abre la puerta a que estos cambios se implementen vía decreto, pero sin el debate público específico que amerita una reforma de este calado. Conviene exigir que cualquier modificación al RUS y al RER se discuta con ese nombre y con plazos claros, y que el beneficio llegue de forma proporcional a las micro y pequeñas empresas, no solo a las grandes.
Lectura general: un proyecto con dos caras
Hay algo que se repite en casi todas las materias: cuando el tema es inversión privada —minería, petróleo, energía, bancos, contratos con empresas—, el Ejecutivo pide vía libre y sin controles claros. Pero cuando el tema es protección para la gente —el límite a los intereses abusivos, la estabilidad de los trabajadores públicos, el control de un juez sobre un contrato—, ese mismo proyecto pide quitarla o debilitarla. Y sobre lo que hoy es más urgente para la población —las lluvias, la salud, la educación, los derechos humanos— el proyecto no dice absolutamente nada, aunque se pide tramitarlo con carácter "muy urgente". Ese silencio también es una respuesta: muestra qué se está priorizando y qué no.
Se quita el límite legal a los intereses que cobran los bancos y financieras justo cuando se les da más facilidades a las grandes inversiones. Se fortalece el servicio de inteligencia y se protege a los contratos con empresas privadas frente a decisiones de los jueces, sin explicar cómo se va a controlar eso. Y se plantean "salidas voluntarias" de trabajadores del Estado dentro de una reforma impuesta desde arriba, sin negociación.
Se cambia el Código Penal y se amplía el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interna, lo que puede chocar con compromisos de derechos humanos que el Perú ya firmó. Se aceleran las expropiaciones de terrenos sin asegurar que el pago sea justo. Y se modifica el Código Tributario por decreto, sin garantizar que el beneficio llegue realmente a las MYPE y no solo a las grandes empresas.
No hay una sola línea sobre salud, educación ni derechos humanos, ni una respuesta directa a las lluvias e inundaciones — aunque el proyecto se pide tramitar como "muy urgente". Tampoco aparece ninguna ampliación de fondos, bonos o beneficios CAS pendientes de pago: lo que la gente reclama hoy no está en esta lista de urgencias.
Que no se puede despedir a trabajadores del Estado que ya tienen estabilidad laboral, y que no se toca la autonomía de gobiernos regionales y locales. Son las dos únicas protecciones claras en un proyecto que, en todo lo demás, concentra poder de decisión y reduce controles.
